El conseller Martí Sansaloni (centro de la imagen de archivo) ordenó tomar las medidas legales. | M. À. Cañellas

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La empresa adjudicataria del servicio de técnicos del trasnporte de emergencias sanitarias que trabajan para el SAMU-061 decidió apartar de su puesto de trabajo a los cuatro técnicos acusados de ridiculizar a discapacitados, menores y ancianos.

Del mismo modo, la dirección de la empresa TSC comunicó a los afectados que estaban suspendidos de empleo y sueldo hasta que se resuelva el expediente disciplinario abierto en su contra.

Paralelamente, la Fiscalía abrió las pertinentes diligencias y una vez analizadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial.

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Por su parte, Francisco José Villegas, presidente de la Asociación Profesional de Técnicos en Emergencias Sanitarias, afirmó: «Esta gente son una vergüenza para nuestro colectivo. Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a una conducta ausente de sensibilidad, ética humana y profesional, cometida presuntamente por una clara minoría de técnicos que no representa ni es reflejo de los verdaderos profesionales de las islas que cada día desempeñan su actividad de una forma impecable», concluye.

Del mismo modo, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), apunta: «Queremos expresar nuestro soporte y máximo respeto hacia las personas que hayan resultado afectadas por estos hechos, así como confiamos en que se tomen todas las acciones judiciales pertinentes».

Por su parte, Miquel Tomàs, director general del IB-Salut dice: «Ante esta situación la administración no podía quedarse con los brazos cruzados. Tenemos la obligación de velar por la intimidad de nuestros pacientes y mucho más cuando se trata de menores, ancianos o discapacitados», finaliza.