El comandante Francisco (de paisano), el día del registro en San Fernando. | Alejandro Sepulveda Soler

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Los resultados de la investigación interna del mayor Bravo de la Policía Local de Palma han sido entregados a la jueza que investiga el caso de las oposiciones amañadas en el cuartel de San Fernando. La principal conclusión es que otros dos policías locales aparecen como sospechosos de estar implicados en la trama.

El caso se destapó cuando un agente municipal que estaba siendo investigado por la Guardia Civil por su relación con los 'Ángeles del Infierno' reveló que las oposiciones a oficial habían sido filtradas.

El Grupo de Información de la Comandancia benemérita abrió unas diligencias y tras unas tensiones iniciales -algunos mandos preferían que el caso lo investigara el CNP o la Guardia Civil de Madrid- se decidió registrar el cuartel de San Fernando, un acontecimiento insólito hasta la fecha.

El registro tuvo un efecto fulminante y ese mismo día fue obligado a dimitir Enrique Calvo, el director general del Área. Otros tres oficiales quedaron imputados y semanas después el escándalo arrastró al intendente jefe, Antoni Vera, que también tuvo que dimitir.

Para el próximo día 27 está previsto que Vera y Calvo presten declaración en el juzgado. La investigación interna del mayor Bravo, que se prolongó varias semanas, tuvo en el punto de mira a unos treinta funcionarios, aunque al final sólo dos policías aparecen como sospechosos en las conclusiones. Fuentes policiales destacaron que se trata de «dudas» sobre el papel de estos dos oficiales, pero en ningún caso se ha comprobado que tuvieran relación directa con el amaño de las oposiciones. «Al existir indicios, se pasa toda la información a la juez y el fiscal para que ellos procedan», añadió la fuente.