Antoni Vera, en una imagen de archivo. | Jaume Morey

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La jueza de Instrucción número 12, Carmen González, ha citado a declarar como imputados el 27 de noviembre al exjefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera y al exdirector general de Seguridad Ciudadana Enrique Calvo en la causa por las presuntas filtraciones en unas oposiciones a oficial del Cuerpo.

Ese mismo día han sido citados a declarar como imputados los policías locales Antonio Barceló, Tomás Mas y Santiago Adrover, que hicieron los exámenes de ascenso y cuya conducta es cuestionada en esta investigación, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Calvo dimitió de su cargo el pasado 12 de septiembre, después de que la Guardia Civil le comunicara su imputación en unas diligencias en las que se investigan supuestas irregularidades en unas pruebas de oposición en la Policía Local, realizadas en mayo de 2012. El 18 de septiembre también presentó su dimisión Vera, aunque todavía no estaba imputado en la causa. Le sustituye Nicolás Herrero, predecesor en el cargo.

La jueza que instruye este caso surgido de una querella de la Fiscalía Anticorrupción dictó este miércoles un auto en el que levanta el secreto de sumario y cita a los cinco imputados.

Además de los cinco imputados, la jueza ha citado también a declarar a dos testigos el 25 de noviembre. Calvo ya prestó declaración por esta causa ante la Fiscalía en dependencias de la Guardia Civil.

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La Guardia Civil practicó registros en el cuartel de la Policía Local de San Fernando, en Palma, así como en otras oficinas el pasado 12 de septiembre.

Días después, el alcalde de Palma, Mateo Isern, aseguró que tras haber recopilado información y documentación sobre lo ocurrido, el consistorio había detectado «indicios lo suficientemente sólidos y contundentes como para calificar los hechos de intolerables, inaceptables y vergonzosos».

Isern ordenó el inicio de una información reservada interna sobre la actuación de los miembros del tribunal del concurso de oposición imputados y anunció que incoaría expedientes sancionadores si se detectaba alguna irregularidad.

También anunció la apertura de una información reservada a los aspirantes que se pudieron beneficiar de la información de los exámenes y los encubridores, todos ellos denunciados.

Sobre la oposición afectada, el Ayuntamiento la revisará de oficio y, si las actuaciones judiciales confirman las sospechas, Cort anulará la parte del proceso selectivo en la que haya habido irregularidades y repetirá las pruebas.