Edificio blindado y pocas salidas de guión en la primera sesión del macrojuicio por la ‘operación Kabul’. El acceso de la nueva sala del polígono de Son Rossinyol estuvo controlado por dos filtros policiales, además de las evidentes medidas de seguridad que rodeaban el edificio y el especial despliegue en el traslado de los presos. De todos los acusados, al inicio de la sesión a las diez y media de la mañana faltaban ocho: tres de ellos tenían causas de salud o de otro tipo que justificaban su ausencia. Los otros cinco fueron declarados en rebeldía y el Tribunal dio orden a la policía para que les encuentre de cara a la próxima sesión del juicio prevista para dentro de dos semanas. Ninguno de los ausentes, con todo es uno de los principales acusados en el juicio.

En las seis horas de sesión, las defensas plantearon toda una batería de peticiones de nulidad dirigidas a sacar del juicio las escuchas telefónicas que realizó la Guardia Civil a los miembros de los clanes. En concreto, atacan a dos autos: el primero en el que se dio luz verde a los primeros pinchazos y luego, otro más específico que afecta a ‘El Pony’ y a una de las redes de Barcelona. Todas las defensas consideran que la Guardia Civil no justificó de forma suficiente los indicios que dieron pie a pinchar los teléfonos. En concreto atacan que se hicieran en base al chivatazo de un confidente no identificado. «Lo único que aporta el oficio inicial son valoraciones de las fuerzas de seguridad», expresó el letrado Carlos Portalo.

El fiscal, Julio Cano, defendió las actuaciones frente al «panorama orwelliano que han pintado las defensas». Además, señaló que la Guardia Civil realizó una serie de seguimientos previos a las escuchas.

Jodorovich

Frente a estas peticiones, que serán resueltas en la sentencia, los abogados de los hermanos Montero Jodorovich pidieron que ambos sean excluídos del proceso. El motivo es que sostienen que ambos fueron ya juzgados por los mismos hechos en Barcelona, como sostuvieron los letrados Josep Zaforteza y Carlos Echevarri. En aquélla ocasión fueron condenados pero el Tribunal Supremo anuló las escuchas y, de esta manera se les absolvió a ellos y a todo el clan, al que se acusaba de tráfico de drogas y de armas. La Fiscalía sostiene que se trata de dos investigaciones diferentes.

Otra de las peticiones de nulidad de las defensas afecta al registro realizado en una de las viviendas del clan de ‘La Paca’, en concreto la de ‘El Loco’, hermano de la matriarca. En este caso, el fiscal Adrián Salazar avaló la validez y destacó que la operación de la Guardia Civil estuvo dificultada porque en el poblado se abren entradas de una casa a otra y se crean anexos a las viviendas para dificultar este tipo de operaciones.