El Gobierno acordó ayer recurrir el euro por receta, que la Comunidad de Madrid está cobrando desde el 2 de enero, una tasa que también el PSOE llevó ayer al Tribunal Constitucional, al considerar, en ambos casos, que la medida vulnera la igualdad de los ciudadanos.
El Ejecutivo acordó, asimismo, solicitar al Consejo de Estado un dictamen, en el plazo de cinco días, que lleva aparejada la petición de suspensión automática de la aplicación del impuesto.
No obstante, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado, a través de su presidente, Ignacio González, que no devolverá el dinero recaudado mediante el cobro de la tasa aunque la medida se declare inconstitucional.
Tras conocer la decisión del Gobierno, González la calificó de «muy respetable», pero insistió en defender la medida, porque el Ejecutivo regional, dijo, «actúa dentro de sus competencias».
Catalunya
En el caso catalánn, el Gobierno aprobó presentar el recurso después de agotar un plazo de seis meses de negociación con la Generalitat sin llegar a un acuerdo.
Por su parte, el Gobierno entiende que el euro por receta grava un acto médico, vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a la prestación farmacéutica y viola competencias estatales, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
También el PSOE fundamenta su recurso en que la tasa atenta contra la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los medicamentos.
Para este partido, la medida contraviene el artículo 31 de la Constitución por crear una figura tributaria que no respeta los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad.
Después de varios días de discrepancias entre la dirección del PSOE y su federación madrileña (PSM) sobre quién debía registrar el recurso, ambas partes llegaron a un acuerdo.
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