Joaquín Fernández, ayer, en la terraza de su chalet de Marratxí, tras atender a este periódico para manifestar su inocencia. | Nuria Rincón

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Joaquín Fernández es el promotor musical a quien la policía considera el cabecilla de una trama dedicada a la extorsión y el blanqueo de dinero. El martes fue detenido junto a nueve personas más, varias de ellas de su misma familia, en la denominada ‘operación Celda’. Fueron puestas a disposición judicial el viernes y todas quedaron en libertad tras declarar ante el juez de guardia de Palma. Ayer por la mañana, Joaquín Fernández recibió a Ultima Hora en su chalet de la urbanización ses Cases Noves, en Marratxí, para negar las acusaciones, explicar su versión acerca de los hechos que se le imputan y recordar que «uno no es culpable hasta que se demuestre lo contrario».

Joaquín Fernández, de 44 años, adquirió cierto protagonismo al mediar en el conflicto entre gitanos y nigerianos en Son Gotleu, en agosto de 2011, y publicitar como la boda del año el matrimonio de su hijo hace unos meses.

La policía considera que la trama dirigida por Fernández prestaba dinero a personas en situación precaria bajo unas condiciones de pago desproporcionadas. Algunos deudores fueron extorsionados, intimidados, agredidos, amenazados con armas de fuego e incluso retenidos en contra de su voluntad para que saldaran las deudas y se llegaron a cobrar 500 euros diarios de intereses. La investigación policial destaca que el promotor tuvo retenida en un pequeño cuarto del sótano de su vivienda a una persona durante varias horas, en distintos días, hasta que un familiar saldó la deuda contraída.

Fernández manifestó ayer al respecto: «Yo vivo de la organización de conciertos musicales, soy promotor. En 2008 traje a Gloria Estefan y el año pasado a Don Omar, Daddy Yankee, Andy y Lucas, Farruquito y otros más, no dejo dinero porque no tengo. Lo que sí que hago es buscar inversores para gente que me viene a pedir dinero y así gano una pequeña comisión, pero se trata de pequeñas cantidades de dinero y yo de lo que vivo es de la organización de mis conciertos».

Extorsiones

En referencia a estas operaciones de préstamo de dinero, Fernández matiza que los prestamistas y las personas a las que dejan dinero «hacen un contrato ante notario, yo sólo gano una pequeña cantidad como comisión y no ha salido nadie dicienciendo que yo lo he extorsionado. También me acusan de tenencia ilícita de armas y de detención ilegal y no se ha presentado ningún tipo de arma ante el juez ni ninguna prueba».

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En este sentido agregó: «No seré tan malo cuando fui el que intervino en el conflicto entre la etnia gitana y la comunidad nigeriana de Son Gotleu» en los graves incidentes del verano del año pasado. «Si fuese tan violento no habría ayudado a resolver ese problema», añadió.

Tren de vida

De acuerdo con la policía, la supuesta actividad delictiva de la trama permitía a Fernández disfrutar de un elevado nivel de vida que incluía la propiedad y el uso de cuatro vehículos de gama alta.

El promotor reconoció que posee un Maserati «que cambié por un Mercedes y 15.000 euros para luego venderlo, pero como hay crisis nadie lo quiere comprar y por eso lo conduzco yo, también he comprado y vendido otros coches porque me gusta, pero mi actividad es la de los conciertos».

En referencia a su chalet de ses Cases Noves de Marratxí, también niega que sea fruto de los delitos atribuidos por la policía, «y puedo demostrar que pago hipoteca como todo el mundo, hace ocho años que vivimos aquí y creo que los vecinos no dirán que somos conflictivos, nuestros hijos van a los mismos colegios que los hijos de nuestros vecinos, compramos en las mismas tiendas que ellos, vamos a los mismos bares y no hemos tenido nunca ningún problema».

Fernández reconoce que a raíz de la boda de su hijo, autodenominada la boda gitana del año, «puede ser que se abriera una investigación contra mí porque hay mucha gente que habla mal y dice cosas cosas. Yo gasté 10.000 euros en la boda y la otra parte la puso la familia de la novia, a lo mejor quisieron saber de dónde salía el dinero porque también estamos declarando menos como lo están haciendo muchas otras empresas de este país».

El promotor concluyó: «El juez nos ha dejado en libertad, pero el daño moral ya está hecho, sigo diciendo que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, me gustaría pedir que la gente no nos juzgue hasta que se termine el asunto».