Víctor MalagónMadrid14/06/12 0:00
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El Tribunal Supremo anula la sentencia que absolvió a dos miembros de la policía judicial de la Guardia Civil por tráfico de drogas. Los dos agentes fueron acusados por la Fiscalía junto a otras cinco personas y se les vinculaba con el desembarco de 509 gramos de cocaína en el airbag de un automóvil. La causa de la absolución fue la nulidad del pinchazo telefónico clave que vinculó a los agentes con la trama y que destapaba su relación con los 'narcos'. El Supremo asegura ahora que las escuchas fueron legales y, por lo tanto, ordena a la Audiencia Provincial que repita la sentencia y valore esta prueba que antes no tuvo en cuenta. La Fiscalía pedía para todos ellos un total de 18 años de prisión así como 235.000 euros de multa.

La escucha telefónica que dio lugar a la detención de los guardias surgió a raíz de una petición del Cuerpo Nacional de Policía en octubre de 2008. La pareja de un detenido en una gran operación antidroga anterior en Menorca, había denunciado a la policía que le habían llegado facturas del móvil del detenido, hasta 400 euros. El teléfono estaba bajo custodia de la Guardia Civil, lo que motivó las sospechas de un uso fraudulento del mismo. El juez autorizó pinchar ese teléfono. La Audiencia Provincial consideró esta medida desproporcionada, dado que a su juicio había otras opciones para investigar qué pasaba con el teléfono sin vulnerar el secreto de las comunicaciones. La sentencia ahora casada sugería incluso una simple llamada desde el Cuerpo Nacional de Policía a la Guardia Civil.

Sin embargo, el Supremo considera que la medida sí es correcta. Señala que detrás había una investigación antidroga y que una simple investigación personal sobre el uso del móvil que se custodiaba en el cuartel era insuficiente: «Era preciso comprobar el alcance y el contenido del fraude». También alude a la gravedad del supuesto delito, no tanto por su pena sino por las sospechas de que agentes estuvieran empleando un teléfono custodiado, esto es, un posible caso de corrupción policial.

Las defensas de los siete acusados en al causa estudian a raíz de la sentencia del Supremo interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la vulneración de un derecho fundamental de sus defendidos.