LLUCMAJOR - UN DETENIDOS POR CAZAR Y ENVENENAR AVES DE ESPECIES PROTEGIDAS. | ultimahora.es

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La Fiscalía pide dos años de prisión al responsable de un coto de caza de Llucmajor en el que aparecieron cinco rapaces envenenadas y dos muertas a tiros. Entre los animales muertos hay tres milanos, especie en peligro de extinción en Balears. Además del ministerio público acusan el Govern y la Fundación Buitre Negro.

En agosto de 2009 agentes de la Conselleria de Medi Ambient encontraron las aves envenenadas: tres milanos, un cernícalo y un aguilucho lagunero. Además, un búho chico y una lechuza común habían sido abatidos con perdigones. En la caseta que había en la finca, la Guardia Civil encontró una bolsa de veneno que coincide con el que mató a las aves.

El arrendatario del coto de caza señaló ayer en el juicio que no sabe de dónde salía esa sustancia. Cuando los agentes la encontraron aceptó que era suya, pero en el juicio explicó que confundió la bolsa con un desparasitador para su perro. Los agentes de la Guardia Civil señalaron que la actitud del acusado fue de colaboración en todo momento.

Llaves

El acusado negó haber envenenado a las aves y apunta a que alguna otra persona con acceso a la finca las dejó allí y el veneno en su caseta: «Han ido a por mí a hacerme daño. Solo a un desequilibrado se le ocurriría hacer algo así», manifestó. En su declaración señaló que además de él, otras dos personas tenían llave de la caseta. Además dijo que dejaba una llave debajo de una piedra y que, días después de los hechos, no estaba en el lugar.

Los agentes medioambientales que descubrieron los animales muertos coincidieron en que las muertes se produjeron de forma inmediata. Las aves aún tenían carne en la boca. El autor de los hechos dejó tórtolas como cebo a las que les había inyectado el veneno. Alguna de las rapaces, de hecho, apareció a pocos metros de la trampa y todas ellas en una zona de apenas cien metros, en línea con uno de los caminos de la finca.

Las acusaciones solicitan además de los dos años de prisión que el acusado sea inhabilitado durante tres años para ejercer labores relacionadas con los animales.