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El titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, ha acordado el sobreseimiento de la causa que investigaba si el celador de obras de Calvià había extorsionado a una ciudadana a cambio de hacer la vista gorda en relación a una pared ilegal que la mujer había levantado en su vivienda. El juez ha adoptado esta decisión al no apreciar indicios de delito en la actuación del funcionario de Urbanismo.

En su auto, el magistrado sostiene que no hay pruebas suficientes que acrediten que el celador, José P.G., coaccionó a la mujer, tras aceptar los argumentos que el abogado del funcionario, José María Alonso, expuso en un escrito presentado recientemente ante el juez y en el que solicitaba el archivo de las investigaciones, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En el escrito, el letrado hacía principalmente hincapié en que las grabaciones aportadas a la causa -que la mujer realizó mientras se le insinuaba sexualmente, según su denuncia-, no muestran ningún tipo de acoso sexual por parte de su patrocinado mientras ambos conversaban, por lo que no se deriva trascendencia penal alguna. Después de que el juez diese traslado de este escrito a las partes, ha acordado finalmente el archivo de las actuaciones.

El veterano celador fue detenido el pasado 13 de diciembre por agentes de la Guardia Civil, que le imputaba un delito de cohecho. Sin embargo, tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 8, que se encontraba en funciones de guardia y se hizo cargo del caso, el juez dejó en libertad provisional al imputado después de que la Fiscalía no solicitase medidas cautelares, y abrió diligencias previas contra el funcionario por un delito de coacciones.

El Ayuntamiento 'calvianer' informó entonces en un comunicado de que una ciudadana denunció que había sido extorsionada por el celador, muy conocido en el municipio. El Consistorio, tras realizar las comprobaciones oportunas sobre los hechos y analizar las pruebas aportadas por la denunciante, constató que había indicios de la comisión de delito y abrió así un expediente disciplinario, decretando la inmediata suspensión de empleo y sueldo del celador.

Ese mismo día la corporación municipal puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil que, a su vez, inició las diligencias correspondientes y procedió de inmediato a su arresto.