Imagen del macrojuicio en el que se juzgó a los detenidos en la operación Valldemossa. | Alejandro Sepúlveda

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La Audiencia Provincial ha condenado a penas que suman 99 años de prisión a 27 de los 33 acusados en el macrojuicio por el desembarco de 3.000 kilos de hachís en Valldemossa. La voluminosa sentencia exculpa a cuatro de los acusados de participar en la operación de desembarco y al dueño de la finca sa Font Figuera en la que se recogió la droga ya que considera que no existen pruebas suficientes que demuestren que autorizó la operación.

La sentencia de la Sección Primera establece penas de cinco años y nueve meses para los dos cabecillas del desembarco, ambos de nacionalidad marroquí. Justo por debajo de éstos coloca a otros tres, hermanos de uno de los cabecillas. Éstos fueron los encargados de reclutar al resto de personas que transportaron la droga y se encargaron de toda la intendencia del desembarco producido en la madrugada del 24 de abril de 2008. Para éstos las condenas son de cinco años de cárcel. También se condena a cuatro años y medio el hombre que abrió la puerta de la finca para que entraran a recogiera la droga. Éste, amigo del dueño de la vivienda estuvo acompañado por otras personas cuya identidad aún no ha sido aclarada.

El grueso de los condenados, un total de quince personas fueron los porteadores de la droga, con los que la red contactó para que trasportaran los fardos desde la costa hasta la parte alta de la finca, bajo unos olivos.

El fallo judicial recoge la condena a dos años de cárcel para los seis miembros de la banda que intentó robar la droga. Éstos estaban compinchados con uno de los porteadores que les sopló dónde se produciría el desembarco. Los miembros de esta banda reconocieron su participación con los hechos y sus defensas alcanzaron un acuerdo con Fiscalía.

Dueño

El dueño de la finca, defendido por el abogado Gaspar Oliver, era uno de los puntos que más curiosidad despertaba de la sentencia. El fiscal antidroga, Adrián Salazar, había solicitado que la caución de la finca, una propiedad de 70 cuarteradas, fuera incautada junto a una pena de seis años de cárcel para el acusado. La ponente de la sentencia, la magistrada Margarita Beltrán indica que, si bien es «escasamente concebible» que no supiera nada del desembarco, «el sentido común, sin otros aditamentos, no basta en la presente sede». Así, el fallo indica que no existen pruebas fehacientes de que pusiera la finca a disposición del grupo marroquí a cambio de dinero. La sentencia anula una parte de las escuchas telefónicas que afectan al dueño de la finca y a dos amigos suyos, por lo que parte de ellas no han sido valoradas por la Sala que no dispuso de un auto que las hubiera habilitado. El resto de conversaciones, claves en la condena del reto sí han sido valoradas.