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Los implicados en la 'operación Sofía' niegan haber cometido una estafa de cerca de cinco millones de euros en la venta de participaciones para un negocio inmobiliario en Bulgaria. La trama se divide en dos empresas. Por un lado, una se dedicaba a gestionar esos inmuebles en el país eslavo. La otra, radicada en Palma buscaba inversores para la primera y logró que una treintena de ciudadanos británicos en su mayoría adquirieran participaciones en la empresa. El precio de cada una de estas acciones era de medio euro. Los tres responsables de esta empresa, según el fiscal, Pedro Horrach, cobraban a los inversores hasta tres euros y se embolsaban la diferencia.
El dueño de la empresa con sede en Bulgaria, declaró que sospechó de la existencia de una estafa y que, gracias a un detective privado supo que el dinero se desviaba a través de una empresa de Gibraltar. Los acusados fueron detenidos en otoño de 2007 en Palma. Se enfrenan a un total de 50 años de prisión. Las peticiones más altas corresponden a un ciudadano británico y a otro canadiense a los que se imputan cuarenta delitos de estafa y cinco de falsedad documental. Para cada uno de ellos se pide una pena de 14 años de cárcel. El resto de los procesados, un alemán, una británica y un estadounidense se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y los seis años.