José Antonio Braojos ha cumplido ya 16 días de huelga de hambre en el aeropuerto de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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La huelga de hambre que protagoniza José Antonio Braojos en el aeropuerto de Palma llega hoy a su día decimosexto.

Este vecino de Palma, guía turístico en paro, inició su particular cruzada el pasado día 20 de diciembre. Braojos vive en una planta baja de 27 metros cuadrados en la barriada de 'Corea'. Un juez le ordenó tener que pagar una pensión a su madre, a la que hace 19 años que no ve. «Me maltrató salvajemente durante toda mi infancia y adolescencia y ahora, por coherencia, me niego a mantenerla», afirma.

Como medida de presión, el guía turístico de 43 años inició una huelga de hambre. Su ubicación es el mostrador número 138 de la terminal de facturación del aeropuerto de Son Sant Joan.

Dieciséis días más tarde, visiblemente afectado, más débil y con la moral por los suelos, José Antonio nos atiende y explica: «Desde hace unos cinco días, recibo a diario la visita del médico del aeropuerto. El facultativo detectó una importante disminución del nivel de azúcar en mi cuerpo, pero yo seguiré en huelga de hambre hasta que se resuelva mi situación», añade.

«Yo ignoro por completo si mi madre biológica conoce la situación en la que estoy. Ayer me puse en contacto con su procurador y, a lo largo del día de hoy, haré lo propio con su abogado para que le informen. Quiero que sepa que prefiero morirme de hambre que la indignidad de vivir pagando una pensión a la persona que desgració tres vidas: La de mi padre, la de mi hermana y la mía propia», relata con lágrimas en los ojos José Antonio.

Para nuestro protagonista es incomprensible que su madre, después de casi 20 años sin tener noticias de ella, pretenda que le paguen una pensión de alimentación cuando ella, según su hijo, tiene derecho a una pensión no contributiva del Estado.

«Después de tanto tiempo un día llegó a mi casa una citación judicial. Me quedé de piedra. Mi madre nos pedía una manutención de 600 euros mensuales. Me negué y llegamos a juicio. Ganamos al principio, pero la última sentencia nos ha condenado a pagarle una pensión de 400 euros. Quiero que quede claro que no pago por chulería, sino porque no puedo y porque además sería inmoral darle algo a una mujer que nos ha hecho tanto daño a mi hermana y a mí», concluye.