El artículo 134.3 de la Constitución Española establece que «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado […]». No les descubro nada nuevo si les digo que no presentar la ley de presupuestos en el Congreso no solo es un incumplimiento grave y flagrante de nuestra norma constitucional sino que reviste un ataque al Parlamento sin precedentes impidiéndole realizar la labor de control al Gobierno.
El ejecutivo ignora al legislativo -que representa al pueblo español-. Pedro Sánchez ya nos avisó de que gobernaría con o sin apoyo del Parlamento. Nada que nos extrañe ajeno a la espiral de descomposición democrática a la que asistimos atónitos. ¿Ya nada nos sorprende?
La sorpresa es que pese al cutre y cenagoso escenario sanchista alimentado por sus socios, aquí seguimos siendo testigos del cumplimiento de la palabra dada y asistimos, con esperanza, a la tramitación de los presupuestos para el año 2025, los más altos de la historia, acordes al compromiso de seguir mejorando la vida de los ciudadanos de Baleares.
Con estos presupuestos, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, competente en materia de coordinación de programas de gobierno, de transparencia, de relaciones institucionales, de función pública y de emergencias materializará retos fundamentales que avanzarán en el cambio prometido. Para ello se destinarán casi ciento cincuenta millones de euros.
Ello implicará, entre otros hitos, el aumento de los mecanismos de transparencia y de control; la mejora de la prestación y de la calidad de los servicios públicos; el impulso de políticas y acciones para que nuestras islas sean más seguras; la estimulación de la participación ciudadana; la colaboración con los Ayuntamientos y administraciones públicas y el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades de Baleares en el exterior, así como la presencia de Baleares en Europa.
Una de nuestras mayores preocupaciones como ciudadanos es la seguridad. Una gran apuesta por parte del Gobierno de Marga Prohens es el Distrito de Seguridad que albergará la Escuela Balear de Seguridad Pública, la Dirección General de Emergencias y la nueva sede del centro 112, que, presupuestada con veinticuatro millones de euros, se hace realidad mediante la previsión en esta ley de presupuestos de la cantidad correspondiente a la licitación para la redacción del proyecto. Contaremos, de este modo, con una infraestructura clave y pionera en la formación y en la capacitación de los profesionales de los cuerpos de seguridad y de emergencias. Se pondrán trescientos policías locales más cada año en nuestras calles que velarán por los bienes más preciados: nuestra integridad y nuestra seguridad.
Este presupuesto no escatima medios destinados a la gestión del sistema de emergencias de nuestra Comunidad Autónoma y a políticas de prevención y de difusión en materia de emergencias. Hoy somos más conscientes que nunca de su necesidad porque permanecen en nuestra retina las devastadoras consecuencias de la dana. Se aumenta así en más de un millón estas partidas, con lo que se destinarán más de treinta millones y medio de euros para hacer frente a emergencias .
En el ámbito de la función pública es evidente la mejora de las condiciones laborales y retributivas para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Es justo comparar la equiparación en materia de insularidad afrontada con valentía durante esta legislatura por el Gobierno de Marga Prohens con el agravio que siguen padeciendo los funcionarios de la Administración General del Estado en nuestras islas a consecuencia del desprecio infligido por el Gobierno de España, cuya consecuencia es que una tierra maravillosa se convierte para ellos en un destino de castigo.
En otro orden de cosas, aunque es evidente que el incremento de audiencia avala una mayor calidad de IB3 en esta legislatura, el nuevo presupuesto, con la previsión de más de cuarenta y un millones de euros, supondrá una apuesta decidida por la producción propia y por la implantación de contenidos digitales, además de prever la internalización prometida, pero no acometida, por el anterior gobierno del pacto. Todo ello para lograr la radiotelevisión pública que merecemos y la estabilidad para quienes la hacen posible.
Y para terminar, la comparación. Estos nuevos presupuestos harán palpables y reales las políticas proyectadas y cumplirán con la disposición prevista en el artículo 135.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears: «Corresponde al Gobierno de las Illes Balears elaborar y ejecutar el presupuesto […]».
El Gobierno de las Illes Balears sí cumple con su obligación de elaborar un presupuesto, que será -en su caso- examinado, enmendado, aprobado y controlado por el Parlamento.
La ejecución, sin duda, mejorará la vida de los ciudadanos de Baleares y continuará avanzando en el cambio. En definitiva, se seguirá cumpliendo con la palabra dada.
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