Reducir un 30 % la flota de vehículos de alquiler en Mallorca es una irresponsabilidad

Recientemente, la patronal AEVAB ha planteado la posibilidad de restringir en un 30 % la flota de vehículos de alquiler en Mallorca. Entiendo que la movilidad en la Isla es un tema sensible y que, como sociedad, estamos llamados a encontrar soluciones que funcionen para todos, pero proponer una medida tan drástica, sin un análisis riguroso y sin considerar sus consecuencias reales, es profundamente irresponsable.
Limitar un 30 % los vehículos de alquiler no aliviará el tráfico. Quienes vivimos aquí lo sabemos: los atascos no se deben a los coches de alquiler, sino al crecimiento constante de la población residente en las últimas dos décadas (en 2004 Mallorca contaba con alrededor de 727.000 habitantes; hoy supera los 959.000). Un incremento de más de 230.000 personas que no ha sido acompañado por mejoras proporcionales en infraestructuras ni en transporte público. Además, Baleares es la comunidad autónoma de España con más coches particulares por habitante en España. En este contexto, los coches particulares tienen un peso infinitamente mayor en la congestión que la flota del rentacar, una flota elástica que se auto regula en función de la demanda.
En 2023, el parque de vehículos de Mallorca era de 837.240 vehículos con una población residente en la Isla de 929.050 personas lo que supone un índice de 899 vehículos por cada 1.000 habitantes. Esto indica que la inmensa mayoría de vehículos en circulación pertenecen a residentes, y son de uso particular o profesional. Si descontamos los vehículos de alquiler en el pico del verano –cifrados supuestamente en torno a 75.000– tenemos un reparto de 91 % para vehículos particulares (privados o de empresa) y supuestamente un máximo de 9 % de vehículos de alquiler. Y digo supuestamente porque, hoy en día, no existe un censo o control que permita cuantificar con exactitud una cifra, a todas luces, muy abultada. Además, basta con analizar los horarios y las épocas del año en las que se producen los atascos para comprobar que los vehículos de alquiler no son los responsables. Estos se generan principalmente en las horas punta de desplazamientos laborales y se extienden durante todo el año, no solo durante el verano.
Culpar al rentacar es una conclusión falsa, quizás políticamente cómoda, pero profundamente injusta. Quiero también poner el foco sobre el medio ambiente porque una restricción como la planteada, aunque no lo parezca, tendrá un efecto negativo con más contaminación. Hay que contextualizar que las flotas de rentacar tienen una antigüedad media inferior a los dos años y cumplen con los últimos estándares de emisiones, mientras que la media de los vehículos en propiedad en Baleares supera los 14 años (Estudio Faconauto, marzo 2025). Reducir nuestra oferta provocaría que muchos usuarios recurrieran a vehículos privados antiguos o a ofertas irregulares: más contaminantes, menos seguras y difíciles de controlar. ¿De verdad eso es avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible?
Pensar que la solución pasa por reducir el número de vehículos de alquiler es también ignorar una realidad social y económica cada vez más evidente: la tendencia global hacia el uso en lugar de la propiedad. Son muchos los residentes –especialmente jóvenes– que ya no se plantean comprar un coche y optan por el alquiler como solución flexible, económica y moderna. Limitar el rentacar también es limitar el acceso a la movilidad a los propios residentes de la isla, no sólo a los turistas. Y una pregunta clave: El transporte público, ¿está hoy en condiciones de asumir el volumen de desplazamientos que realiza el sector del alquiler? La respuesta es un rotundo no. Ni taxis, ni buses, ni trenes pueden suplir esa demanda de forma inmediata. Entonces, si no se reduce el número de turistas, si no se refuerza el transporte público y si no existe un plan integral, ¿cuál es el objetivo real de esta propuesta elevada por algunos pocos? Todo apunta a uno: forzar una reducción de la oferta para provocar una subida artificial de precios. Una medida que perjudicará tanto al turista, al residente y al sector turístico en general, atrapado en un sistema saturado, más caro y menos eficiente.
Y no olvidemos el impacto sobre el empleo. Reducir un 30 % la flota de vehículos de alquiler supone recortar el 30 % de los empleos del sector. Son miles de trabajadores que podrían perder su sustento en un momento delicado. Además, perjudicaría la economía local, ya que el rentacar no sólo ofrece movilidad: es un instrumento esencial para repartir de forma equitativa la riqueza turística por todos los rincones de Baleares, especialmente en aquellos municipios a los que no llega el transporte público o la oferta es claramente insuficiente.
Mientras el aeropuerto de Son Sant Joan no deja de marcar récords en la llegada de visitantes, reducir la oferta de vehículos de alquiler ocasionará que nos convirtamos en un destino caótico y menos competitivo. ¿Acaso alguien plantea reducir un 30 % la oferta de restaurantes, hoteles, viviendas turísticas o transporte público? ¿Por qué solo el rentacar? Este trato desigual es injusto y también ilegal, ya que el propio informe realizado por MeteoClim a solicitud del Govern balear en 2017 apunta que: «Pel que fa a la imposició d’un límit en el nombre de cotxes de lloguer, la pertinença a la Unió Europea no permet discriminar els vehicles de les empreses de lloguer respecte dels vehicles particulars dels residents, ja que atemptaria contra la lliure circulació de mercaderies i el principi d’igualtat».
Por eso, pedimos responsabilidad. Mallorca se merece políticas de movilidad que sumen, no que resten; que estén basadas en datos reales y actuales, no en decisiones simplistas sopladas por una ínfima mayoría más preocupada en sus intereses económicos que en el bienestar global de la sociedad. Estas soluciones solo agravarían los problemas. Desde OK Mobility y la inmensa mayoría del sector, somos miles de personas que trabajamos todos los días para que movilidad rime con libertad. Porque no puede haber libertad sin movilidad. Somos los primeros en querer una Mallorca más sostenible, más fluida y eficiente, pero la solución no está en restringir la movilidad, sino en mejorarla, modernizarla y hacerla más accesible para todos.