El cierre del Castell de Bellver para que la marca Louis Vuitton pudiera organizar diferentes desfiles y presentaciones de colecciones ha levantado una gran polémica. Durante semanas hubo restricciones a la visita de espacios, con el cierre completo al público ocho de estos días. La pregunta que ha estado sobre la mesa es, ¿debe tener derecho una empresa privada a utilizar un espacio público?
Los cierres de carreteras para pruebas deportivas o el uso de calles, plazas o edificios para conciertos, eventos o grabaciones también suponen una privatización temporal de espacios públicos. Actividades que suelen recibir, además, subvenciones públicas. Y la ocupación de la vía pública por parte de terrazas de bares y restaurantes es un clásico sobre este asunto. Se ponderan las molestias que causan -cierre de carreteras, ruido, imposibilidad de utilizar los espacios o la dificultad de transitar en el caso de las terrazas- y los beneficios -ingresos públicos, promoción internacional, acontecimientos únicos y el disfrute de quienes participan en ellos-.
Los precios para la cesión de espacios en el Castell de Bellver son los mismos desde 2013. Por la sala de conferencias se cobran 600 euros por día con equipamiento técnico incluido. Por la capilla, 400 euros por siete horas. El patio de armas cuesta 2.500 euros por siete horas, de siete de la tarde a dos de la mañana. Y por el revelín, 1.500 euros también en horario vespertino. Cada hora adicional suma 250 euros. En conclusión, es muy barato para lo exclusivo que es y me extraña que no lo alquilen más.
Louis Vuitton tiene tanto derecho como cualquier otra empresa o promotor privado a utilizar este espacio, y Cort debe cerciorarse de que no se estropee el patrimonio y de que no se excedan en las restricciones de paso. Pero este evento presenta dos diferencias fundamentales: la primera es el periodo de tiempo, posiblemente demasiado largo, y la segunda es que a las pruebas deportivas o las terrazas de bares cualquiera puede acceder a cambio de un precio, mientras que los desfiles de la casa francesa eran por invitación. Mientras que si el argumento que se valora es el de la proyección internacional, bien está que venga esta reconocida firma de lujo, pero si algo no necesita Mallorca ahora mismo es promoción.
La pregunta es: ¿debe ser posible privatizar espacios públicos a cambio de un precio? Si se diera barra libre, las playas estarían llenas de eventos privados y el Parlament sería un palacio de congresos más, y posiblemente para mucha gente no hay nada de malo en ello. Puestos a utilizar argumentos economicistas, Cort debería aplicar la discriminación de precios: si Louis Vuitton se ha gastado 25 millones de euros durante su evento exclusivo en Mallorca, bien podría haber pagado más de 175.000 para utilizar este marco incomparable.
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