Externalización

Este es la cantidad de dinero que unos ciudadanos están dispuestos a pagar y otros están dispuestos a aceptar, es decir, trabajar, para realizar una transacción, actuando como un mecanismo de asignación de recursos. En la Administración generalmente no hay precio, los servicios se financian con impuestos, y, por tanto, esa función de señal del valor que los ciudadanos tienen por ese servicio o bien no existe. Al final estamos ante una decisión política, influenciada por las elecciones, sobre qué ofrecer y cuánto destinar por estos.

Encomendar la realización de tareas o servicios propios de una administración pública, como son las guarderías o la producción televisiva, a una empresa privada, especializada en estos, permite una asignación eficiente de los impuestos que pagamos, al introducir la señal de valor, el precio, sin influencias electorales.

Cuando se convoca un concurso de externalización para que se presenten esas empresas o autónomos, sirve como mecanismo de contención del gasto público –de los impuestos que pagamos–; mediante la oferta que realizan, basados en su estructura de gastos y rendimiento del capital, al competir, la Administración asigna un coste de ejecución competitivo.

Si la administración publica lo hace con sus propios recursos, no existe ni competencia, ni precio, ni limitaciones; la estructura de gastos financiada con los tributos no responde a la decisión de los ciudadanos de cómo lo valoran, y cuánto estarían dispuestos a pagar por ello; además, quienes llevan a cabo la actividad no tienen el objetivo de supervivencia –llegar a final de mes que diría un autónomo– de la empresa.

La información de las movilizaciones en las ‘escoletas’ municipales en Palma lo confirma; para el contribuyente el servicio con recursos propios le cuesta casi el doble que, si este lo presta unos emprendedores del sector privado; y digo para el contribuyente y no para los padres y madres usuarios del servicio, ya que tradicionalmente ha sido subvencionado por todos los palmesanos entre el 80-90 % del coste de este –ahora está al 100 %–.

Los convenios colectivos establecen una estructura salarial en base a lo que las empresas pueden costear, que está directamente relacionada con lo que los ciudadanos quieren pagar, reflejado en el precio, por ello, la Administración que decide utilizar lo que ofrece el mercado, tiene en cuenta ese convenio y los costes que suponen para asignar los tributos cobrados de manera eficiente, mediante la externalización, como hizo el Govern municipal de izquierdas en Palma estos pasados ocho años, una medida de corte liberal en su gestión.

Esto no significa que siempre esté justificada la externalización. Pueden existir argumentos para internalizar aquellos beneficios que no se reflejan en el precio, y se tengan que realizar con recursos propios.