Tras el resultado electoral de mayo 2023, donde las fuerzas parlamentarias que sostenían al Govern hasta ese momento salieron derrotadas, poca gente se imaginaba que la legislatura se centraría en el debate de la masificación turística.
Los partidos ubicados en la centroderecha y derecha –la desacomplejada–, mientras estaban en la oposición, habían mantenido una postura beligerante ante los primeros intentos de aplicar medidas de restricción a la llegada de los turistas, como, por ejemplo, los relacionados con la capacidad de los cruceros y el número de estos que podían coincidir en el puerto, con las prohibiciones del alquiler turístico en plurifamiliares, o con las piscinas en los áticos en Palma. Además, se habían volcado con la campaña SOS TURISMO –muchos dirigentes del PP y Vox aún continúan como seguidores de sus cuentas en redes sociales– destinada a poner en conocimiento de la opinión pública y de los representantes políticos las dramáticas consecuencias económicas y laborales que la crisis sanitaria y sus medidas restrictivas estaban suponiendo para la principal industria de las islas.
Al abrir el debate, muchos políticos y representante sociales que habían mantenido una postura, digamos, equidistante sobre esa materia, o incluso casi negacionista, asumieron sin más reflexión, que existía una masificación, generalizada y creciente, y que, por lo tanto, se requerían medidas de limitación o contención, centrándose en los turistas como principal ariete, sin valorar que los residentes también jugamos un papel en esa sensación que cada vez más ciudadanos sentían al moverse por su Isla.
Se inició la comunicación de posibles propuestas, algunas, aunque incidían en el número de visitantes, nada tenían que ver con ese cambio de discurso asumido; nadie puede pensar que no hubiera sido igual de marcial con el alquiler turístico ilegal el conseller de turismo Rodríguez del Consell Insular sin la apertura de la cuestión mencionada.
Durante este tiempo determinado para proponer las iniciativas, se iban generando dudas en los ciudadanos sobre cuáles se llevarían a cabo; los agentes señalaban a otros para hacer sacrificios, como ocurría con el sector hotelero respecto del alquiler turístico –legal, claro–, o viceversa. Ninguno proponía medidas para su sector –asumiendo una cierta autocrítica– aplicando aquello de que tire la primera piedra quien esté libre de pecado.
Una vez que se ha ido deshojando la margarita de las posibles iniciativas, han vuelto al debate esos pétalos respecto a si realmente la masificación es puntual y acotada o no. Una semana sí, otra no lo es; a otros hay que referenciarlos por cuando estaban en el gobierno, que lo minimizaban, y ahora claman por su existencia, convertidos en los primeros ‘pancarteros’ contra las masificaciones de turistas, en un ejercicio de verdadero cinismo.
Si realmente la masificación turística es generalizada ya, con nuestra Isla colapsada, las medidas a tomar deberían entrar en el concepto de decrecimiento, no se trata, entonces, de limitarlo. Si en cambio, el último pétalo indica que no estamos saturados, las iniciativas deben encauzarse a reducir las posibilidades de alcanzar ese colapso.
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