Vientres pobres

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Los eufemismos que emplea el negocio de los vientres de alquiler no alcanzan a encubrir su sordidez. Así, a los clientes que acuden a las agencias de ese mercado de niños se les denomina «padres de intención», a la mujer que se alquila para satisfacer esa «intención», normalmente por acuciante necesidad económica, se le llama «madre de sustitución» y el pago de su «servicio» es una «compensación». Por lo demás, varía según las tarifas vigentes, dependiendo de los «parámetros físicos» o del «nivel de estudios» de la gestante, entre otros factores. La comisión de la agencia, que dispone de una amplia «base de madres», va aparte.

En España, está prohibida desde 2006 esa figura que en sí misma es eufemística también, la «maternidad subrogada». Aquella prohibición legal, que estos días refuerza el Gobierno para salir al paso de quienes la burlan, se fundamentaba en la obligación de toda sociedad civilizada de luchar contra la mercadería y el tráfico de seres humanos, y en el hecho incontrovertible de que madre es la mujer que da a luz. Desde el establecimiento de esa ley, decenas de miles de españoles, parejas y no parejas, han seguido alquilando por esos mundos el cuerpo y el alma, que van juntos si es que no son la misma cosa, de mujeres pobres.

Eso de ir a un país pobre o laxo en la materia para comprar allí (el «alquiler» no es sino una compra temporal) la vida de una mujer, pues es toda su vida y toda su salud lo que la mujer «alquilada» pone en la gestación de un nuevo ser, no se ha acabado porque ni la ley ni su refuerzo pueden, de una parte, obviar los supremos derechos del niño nacido y, de otra, porque ya discurrirán los intermediarios ardides para seguir conculcándola, pero puede que con las mayores trabas que ahora se ponen se consiga un efecto disuasorio.

La «ilusión» de ser madre mediante el «alquiler» de un vientre ajeno, eliminando la parte más esencial del proceso para serlo de veras, no puede seguir alimentando esa infame modalidad de trata de mujeres pobres.