El daño que pueda haber producido el gran apagón en la reputación de España como destino turístico no influirá en las previsiones de llegada de turistas a Balears desde ya mismo, cuyo volumen reaviva el debate sobre cómo gestionar unos récords de visitantes que desbordan las infraestructuras esenciales y la paciencia de sectores de población cada vez más amplios.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, supo interpretar las sucesivas manifestaciones contra la saturación turística y, como derivada, su incidencia en la escasez de viviendas accesibles a precios razonables. Convocó a una muy amplia representación de colectivos y entidades sociales en una Mesa por la Sostenibilidad que, a medida que han ido pasado los meses, ha enfriado las expectativas inaugurales. Tal vez no se haya perdido el tiempo, pero la percepción más extendida es la de que no se ha avanzado y la temporada que ya ha empezado no se diferenciará de la del año pasado.
El Govern parece debatirse entre lo que hay que hacer y lo que no se atreve a tocar. A raíz de unas declaraciones de la presidenta relativas a «episodios puntuales» de saturación en Semana Santa, el vicepresidente, Antoni Costa, quiso reafirmar la posición del Govern con un contundente «sí, hay saturación en Balears». «No podemos crecer más», añadía. En defensa de las decisiones adoptadas precisaba: «No se crea ni una plaza más» pero «tampoco apostamos por el decrecimiento». Ergo, nos quedamos como estamos.
El caballo de batalla es el alquiler vacacional, que está en la base de la fractura entre el Govern del PP y los hoteleros, algo así como el mundo al revés. Cuando el PSOE era el PSOE, los hoteleros, especialmente los grandes nombres de la industria, eran la bestia negra de los socialistas. La primera ecotasa del Govern de izquierdas tenía por objetivo doblegar a los hoteleros. Pero con el sanchismo de Francina Armengol se invirtió radicalmente la relación y hoy se mantienen las concomitancias de planteamientos en relación al alquiler turístico entre hoteleros y el partido sanchista.
Después de que Gabriel Escarrer, presidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur; las empresas que la integran manejan un volumen de negocio de 30.000 millones de euros), haya insistido en la crítica a las medidas del Govern, Prohens se manifestaba en el Parlament contra la izquierda que «quiere impedir que familias normales y corrientes de Balears puedan tener algún beneficio de la industria turística». Insistía lógicamente en el alquiler reglado y de calidad. Aun habiendo plena coincidencia en que los esfuerzos se han de enfocar contra el arrendamiento ilegal ningún protagonista del debate, hoteleros (en muchos casos también explotan el alquiler turístico), Habtur, la patronal del alquiler turístico, y el propio Govern, deja pasar la ocasión de hacer valer sus propuestas. Y la izquierda y el sector hotelero por un lado y el Govern y Habtur por el otro chocan de frente por el denominado decreto de contención turística del Govern que abre la puerta a la puesta en circulación de 90.000 plazas vacacionales llamadas a desaparecer con la legislación del anterior Govern. La idea de récord, que tantas alegrías proporcionaba en el pasado, debería desterrarse del diccionario económico de Balears.
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