Es una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad y, a su vez, uno de los mayores retos para los que ejercemos la gestión pública. El problema de la vivienda no ha dejado de crecer los últimos años, siendo un foco de malestar social ante el que no cabe otra que reforzar nuestro compromiso de legislatura: facilitar más vivienda asequible para los ciudadanos residentes en las Illes Balears.
Con un plan de choque que suma medidas y programas para atacar las diferentes caras del problema, con el que se están planificando cerca de 5.000 viviendas asequibles. En una batalla que no es nueva ni exclusiva, aunque en las islas confluyen factores que obligan a ampliar la respuesta: crear vivienda asequible, aflorar vivienda vacía o sin uso residencial, como la del alquiler turístico, y luchar contra la oferta ilegal de alquiler vacacional. Todo bajo el mismo paraguas: recuperar viviendas para el mercado residencial, a precios accesibles, evitando la especulación, para que sea la vivienda habitual de sus beneficiarios, con al menos 5 años de residencia en las islas.
El encarecimiento de la vivienda por la falta de oferta, la fuerte demanda por el aumento continuado de la población los últimos años, la inflación (en especial la asociada a los costes de construcción), la elevada tasa de esfuerzo (relación de sueldos frente al coste de la vivienda), la repercusión del alquiler turístico, el hecho de ser un territorio limitado, y muy probablemente la falta de políticas más amplias las últimas legislaturas, nos ha llevado a esta situación.
Desde el primer día, este Govern se ha volcado en aumentar la oferta de vivienda accesible por distintas vías: aprovechando edificaciones existentes, a partir del decreto ley de emergencia a los tres meses de mandato; reforzando y acelerando la promoción pública del Ibavi; con vivienda protegida de iniciativa privada (programa Construir per Llogar); e incentivando el alquiler de pisos vacíos, con el Lloguer segur.
No bastaba la promoción pública, era obligado ampliar el abanico e implicar a la iniciativa privada ante una demanda tan creciente. Se intentó los últimos años pero el problema fue a más. Este Govern ha apostado por más vivienda pública y más colaboración público-privada. Con cesión de suelo de la mano de los ayuntamientos, con el Lloguer Segur y con la Ley de emergencia, con las viviendas de precio limitado (VPL) que ya se están construyendo o tramitando en muchos municipios, como Manacor, Inca o Palma. Ayuntamientos de distinto color político que evidencian que la gestión se aleja del ruido partidista del Parlament. Me quedo con el testimonio de una joven que en Manacor ha encontrado el piso que buscaba y que valora la creación de este tipo de vivienda.
Centrados en lo que importa, buscamos avanzar en el cambio de tendencia que aumenta la vivienda plurifamiliar y accesible. Con el nuevo decreto ley para desbloquear suelos urbanos y urbanizables ya previstos para construir, acortando plazos y con el objetivo de 10.000 viviendas asequibles en Palma. Y facilitando la compra, a través de la Nova hipoteca jove que amplía hasta un máximo de 382.000 euros el precio de la vivienda que puede acogerse y evitará que muchas sigan quedando fuera.
Somos conscientes de que el reto requiere tiempo, pero creo sinceramente que estamos en el camino para mejorar la situación. Con medidas que ya dan resultados y se verán a corto plazo, y otras más adelante, pero no nos vamos a rendir. Seguiremos luchando para facilitar vivienda asequible y ser efectivos. Lejos del ruido político. Cerca de las familias, en todos esos jóvenes que sueñan con un proyecto de vida, en definitiva, de todas aquellas personas que necesitan una vivienda.
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