Joan Martorell
Joan Martorell

Periodista

El reverso de la opulencia

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De haber causa para un estallido social, sería por la falta de vivienda para los sectores de población excluidos de un mercado inmobiliario accesible únicamente a las rentas más elevadas. Hace justo una semana, la portada de este diario resultaba estremecedora: más de 1.000 personas viven ya en 37 asentamientos de chabolas en Palma, según el mapa de la marginalidad elaborado por los servicios sociales del Consell, el Ayuntamiento de Palma y la Policía Local, una cifra que se ha triplicado en unos años y que probablemente sea incompleta y con tendencia al alza. El chabolismo subterráneo es una realidad: cuartos trasteros en aparcamientos, sótanos sin servicios domésticos básicos ni las mínimas condiciones sanitarias exigibles, incluso en algunos casos con riesgos graves de estructura, que se alquilan por unos precios fuera de toda lógica. La lista de espera de un techo digno del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) supera las 4.000 familias. A día de hoy, la posibilidad de compartir piso es el mejor de los escenarios. Luego, la escalera solo tiene un sentido descendente, la autocaravana, la tienda de campaña, la chabola construida con cuatro maderas mal ensambladas y en algún punto de esa relación, la okupación, que no es un invento de la «vorágine reaccionaria» como pretenden el sanchismo y la extrema izquierda; el incidente conocido más recientemente, el asalto por numerosas personas y familias a un hotel del Port d’Alcudia. Es el reverso de la opulencia de los récords turísticos, los beneficios bancarios, las empresas boyantes, las mansiones millonarias.

Los precios de alquiler y compra de vivienda están en la base de las dificultades para completar plantillas por parte de las empresas, una cuestión más acuciante a poco de iniciar de nuevo la temporada turística alta. Lo mismo ocurre con funcionarios de la administración del Estado, miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, médicos, profesionales sanitarios. El Sindicato de Enfermería cifraba en treinta las profesionales que han dejado la isla solo en el mes de enero.

Las respuestas al drama de la vivienda, así lo ha calificado la presidenta del Govern, han de venir de la política. Las soluciones no son sencillas, no se ajustan a las cuatro frases con las que los populismos de izquierda y de derecha acostumbran a enfrentar los problemas. Pero los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, echan gasolina al fuego de la indignación pública tirándose por la cabeza la emergencia social que supone la falta de vivienda, culpándose mutuamente del actual estado de cosas. Marga Prohens atribuye el aumento de la ocupación ilegal de casas y la proliferación de caravanas y asentamientos de infraviviendas al anterior ejecutivo de Francina Armengol. El portavoz sanchista en el Parlament, por su lado, subraya que las actuaciones del actual Ejecutivo en materia de vivienda son las rentas del trabajo anterior de la izquierda. Debería caérsele la cara de vergüenza por pretender obtener rédito político de la desventura de los sin techo y no ser capaces de sentarse, hablar y alcanzar acuerdos efectivos para al menos transmitir a la población afectada y a los trabajadores que perciben un sueldo pero no pueden pagarse un alquiler un mínimo de esperanza de futuro. Si es que lo hay.