Competencias que Mallorca no quiere gestionar

Surgieron durante la preautonomía como respuesta al anhelo de contar con instituciones políticas propias en las islas menores, sobre todo Menorca que lideró el proceso autonómico de las Islas. Nacen como entes de administración local, tras la supresión, en 1978, de la centralista y mallorquina Diputación Provincial de Balears.

Y aunque el PSIB-PSOE pretendía mantenerlos con esta situación, el PSM y Unió Mallorquina exigieron en 1999 a los socialistas tener poder y capacidad de decisión política en el Consell de Mallorca para apoyar la investidura de Francesc Antich. Aquel acuerdo se materializó con la Ley de Consells aprobada en 2000, que abrió las puertas a su transformación en instituciones de la Comunidad Autónoma.

«La ley de 2000 configura unos consells con una personalidad más determinada y muchas más competencias», explica el jurista Josep Mª Quintana, que sigue ejerciendo su auctoritas en todas las cuestiones relativas a la autonomía balear. Al mismo tiempo, cada consell puede, desde el consell executiu, aprobar decisiones de gobierno que afectan a su territorio insular. Lo consolidará el Estatut d’Autonomia de 2007.

Finalmente, la Ley de 2022 mejora el sistema. Los consells pasan a ser instituciones al mismo nivel que el presidente de la Comunidad, el Govern y el Parlament. El poder ejecutivo originario se distribuye entre el Govern y los Consells. Menorca logra su antigua reivindicación.

Entonces, ¿por qué el Consell de Mallorca no asume, no ejerce ni gestiona las competencias de Transporte y Agricultura en su Isla? Estas materias ya tenían que haber sido transferidas, pero siguen en manos del Govern. Definir el papel del Consell de Mallorca es la gran asignatura pendiente de la arquitectura político-administrativa de Balears