Germà Ventayol
Germà Ventayol

Consejero editorial

La inmigración no es una broma

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El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, considera «una broma de mal gusto» que Balears entre en el reparto de menores inmigrantres que se hacinan en Canarias. Considera, con razón, que con los que llegan casi a diario a las costas de las Islas, la mayoría desde Argelia, se ha superado la capacidad de acogida. La frase de Costa no es de las más afortunadas, el tema es grave y genera preocupación en la sociedad. En lo que entiendo que hay un consenso unánime es en que la situación que se vive en el archipiélago canario es insostenible y requiere de la solidaridad estatal e interregional para paliarla, además de la imprescindible implicación de la Unión Europea. Basta salir a la calle para constatar que la inquietud por el fenómeno migratorio reside, en términos globales, en la necesidad de garantizar desde la Administración una correcta convivencia con quienes llegan en busca de un futuro mejor. Las instalaciones disponibles para atender a los menores están desbordadas, pero el problema sigue ahí.

Hace cuatro años, los vecinos de Son Roca forzaron el traslado del centro Norai en la barriada tras ver alterada la convivencia en la barriada debido a los continuos incidentes protagonizados por los jóvenes internos. ¿Se quiere cometer el mismo error? He consultado la hemeroteca y no he localizado declaraciones del presidente del Consell, Llorenç Galmés, institución de la que depende el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), en las que se comprometa a adecuar los medios necesarios -personal e instalaciones- a las crecientes necesidades. Las propias y las añadidas, en este caso las de Canarias. No hacer nada es la manera más eficaz de alimentar la xenofobia y el racismo. Priorizar, hay que priorizar.

El tema es goloso en términos políticos, todos los partidos ven posibilidades electorales en función de la postura que adopten. Coincidirán conmigo en que los supuestos privilegios que negocian Junts y el PNV con el Gobierno -según el PP estatal- para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado añade dosis de crispación en un asunto de extrema importancia para el conjunto del país. Es necesario abordar el fenómeno de la inmigración ilegal desde la realidad, huyendo del cortoplacismo irresponsable al que se nos quiere acostumbrar.

La cacería

La dimisión de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, protagonista de un proceso judicial abierto por su presunta contratación fraudulenta a cargo de la Diputación de Badajoz, ha provocado la reactivación de la indignación de la constelación de ministros. Los titulares de Interior, Justicia, y con especial vehemencia la vicepresidenta María Jesús Montero, han salido en defensa de David, víctima -según ellos- de un vil cacería político/judicial urdida a base de bulos y fango desde las factorías de la derecha y ultraderecha, siempre con la entusiasta colaboración de jueces que se sitúan en la fachosfera. En parlar de mi, no ric es el refrán que proclaman los progresistas en el poder, aunque sea para proteger desde las instituciones públicas que ocupan los intereses de un particular que es familiar directo de quien les ha puesto en el cargo. Mucho sabemos aquí de cacerías políticas, esas que tanto escuecen ahora por Madrid.