Por muchas vueltas que le doy, no puedo estar de acuerdo con el juez instructor de la causa abierta contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlament de Baleares. En cambio, coincido con el fiscal del caso. No se puede presuponer una «intención de menospreciar» como hace el juez, basándose en la pertenencia a un partido que no ha condenado el franquismo. Si quemar una foto de los reyes de España no es delito de odio para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de septiembre de 2018, sino «libertad de expresión que se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan», ¿cómo puede entenderse que la acción de Le Senne sea una incitación al odio?
Aquel fatal día, la vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda, Pilar Costa, exhibieron en sus escaños, pegadas al ordenador portátil, unas fotos de unas militantes republicanas asesinadas en 1937. Es obvio que quienes están en la presidencia de una institución no deben pronunciarse de esta manera porque su misión, como la de Le Senne, es arbitrar las discrepancias, no tomar partido. Le Senne pidió por dos veces que las retiraran «para preservar la neutralidad de las instituciones» y al no avenirse a ello las interpeladas, tras llamarlas al orden por dos veces, rompió la foto exhibida, algo ciertamente inaceptable para el presidente de una institución.
Le Senne tendría que haber suspendido el pleno ante la desobediencia de las diputadas y luego negociar una salida política. Garrido y Costa sabían perfectamente que su conducta era improcedente pero rentable políticamente. El gesto de Le Senne fue de indignación, quizá de ira hacia Mercedes Garrido por no obedecerle, pero nunca de odio hacia las personas de las fotos. Fue un error político y moral pero no me parece conducta delictiva. En política a veces hay que dimitir porque, aunque uno no sea culpable de un delito, es responsable de una conducta inapropiada. Le Senne tenía que haber dimitido.
En este sentido, ¿qué decir de Francina Armengol? La presidenta del Congreso de los Diputados escribió el 22 de enero en la red social X: «El Partido Popular tendrá que explicar muy bien por qué motivos vota en contra de mantener la gratuidad del transporte público en las Baleares o de mejorar la capacidad adquisitiva de los pensionistas». Inaudito: la presidenta del Congreso criticando el voto del principal partido de la oposición en el Parlamento. No hay delito alguno, pero no se puede ser presidente del Congreso de los Diputados y, a la vez, líder del Partido Socialista en Baleares. Por decencia, por respeto a las instituciones y por ética, hay que abandonar uno de los dos cargos. La dimisión viene exigida.
2 comentarios
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Pero es que los jueces son fachas... (la izquierda dixit) Mejor los tribunales populares dirigidos por comisarios políticos...
Y Sánchez?