¿Quién paga la cultura?

Este auge no solo reafirma el valor del sector cultural, sino que también demuestra su impacto en la atracción de visitantes, la generación de empleo y la revitalización de los territorios. Integrar la cultura como un eje estratégico del turismo no es una opción secundaria, sino una apuesta imprescindible para un crecimiento sostenible y equilibrado del sector.

Este renacer cultural ha ido acompañado de una transformación en la industria turística. Las empresas del sector han sabido adaptarse a una demanda que busca algo más que sol y playa: experiencias auténticas donde la cultura se convierta en el verdadero atractivo del destino. Creación de rutas patrimoniales, festivales que posicionan ciudades en el mapa internacional, museos que innovan con formatos inmersivos, experiencias en destino, … son solo algunos ejemplos de cómo la colaboración entre turismo y cultura aporta un valor añadido incuestionable.

En este contexto, es imprescindible reforzar políticas públicas que impulsen este modelo, fomentando la inversión, la innovación y la sostenibilidad. Cultura y turismo no son sectores aislados, sino aliados estratégicos capaces de construir destinos más competitivos, enriqueciendo tanto la oferta como la experiencia del visitante.

El debate sobre quién financia la cultura sigue abierto. Según el Observatorio de la Cultura 2024, presentado el pasado 29 de enero y elaborado por la Fundación Contemporánea, el 64,8 % de los ingresos del sector provienen de fondos públicos, mientras que las organizaciones privadas aportan el 19,8 % y el público contribuye con el 15,4 %. Estos datos reflejan una fuerte dependencia de la financiación estatal, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual.

Mientras tanto, las empresas culturales y turísticas asumen un esfuerzo considerable, tanto económico como personal, para garantizar una oferta cultural de calidad. A pesar de representar una menor parte del financiamiento global, su papel es esencial para la innovación y la diversificación de propuestas. Sin embargo, las dificultades de acceso a créditos y otros mecanismos de financiación siguen siendo un obstáculo, lo que subraya la necesidad de estrategias de apoyo y colaboración público-privada para fortalecer la estructura cultural y garantizar su viabilidad a largo plazo.

Uno de los temas más controvertidos es la competencia entre lo público y lo privado en la gestión del patrimonio cultural. Desde ABACTUR hemos trasladado en distintos foros y ante diversas administraciones el agravio que supone la diferencia de trato entre los espacios patrimoniales privados y los públicos. Creemos que la administración debe adoptar una visión más abierta y equitativa, promoviendo y colaborando con los recintos privados que, además, ‘no le cuestan nada’, del mismo modo que lo hace con los espacios públicos. Es fundamental garantizar que todos los agentes involucrados en la conservación y promoción del patrimonio puedan tener oportunidades de visibilidad y apoyo.

Nuestra asociación ha participado en el grupo de trabajo sobre Patrimonio Cultural del Pacte per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears, convocado por el Govern de les Illes Balears. En este espacio, entre otros temas, se ha debatido sobre la llamada ‘mercantilización’ y ‘turistificación’ del patrimonio. Consideramos que el uso de estos términos, a menudo con una connotación negativa, menosprecia el trabajo de las empresas que nos dedicamos a la gestión del patrimonio cultural. Lejos de ser una mera explotación comercial, nuestra labor contribuye a la conservación, dinamización y difusión del patrimonio, asegurando su sostenibilidad y acercándolo tanto a residentes como a visitantes. El patrimonio no debe verse solo como un recurso turístico, sino como un elemento esencial de identidad y orgullo cultural, cuyo valor perdura en el tiempo gracias a una gestión responsable y comprometida.

El Observatorio de la Cultura 2024 ha destacado entre sus propuestas más relevantes la Catedral de Mallorca, Menorca Talayótica, Dalt Vila, La Lonja y el Castillo de Bellver. Muchos de estos espacios están bajo gestión pública, lo que demuestra que la llamada ‘mercantilización’ difícilmente puede atribuirse, solo, a las empresas privadas. De hecho, estas últimas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del patrimonio, asegurando su conservación sin depender de subvenciones públicas.

Este análisis destaca la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada e impulsar la inversión y la innovación en cultura y turismo para lograr un desarrollo sostenible. Apostar por la cultura como motor turístico no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también genera empleo y dinamiza nuestras islas.

Es momento de replantear el debate sobre su financiación y reconocer el papel clave de las empresas privadas en la conservación del patrimonio. Más que preguntarnos quién paga la cultura, debemos asegurar que siga siendo un motor de desarrollo para todos.