La lista

Destacan el psiquiatra catalán Oriol Lafau, que ya ostentaba un cargo afín al Pacte como coordinador de Salut Mental de la CAIB y cuya independencia, por tanto, debe residir únicamente en no haber crecido en el kindergarten del PSIB, y Malena Riudavets, que también revoloteaba alrededor del Govern en distintas entidades, entre las que destacaba la presidencia de las cooperativas de trabajo asociado de la que ella es miembro. La UCTAIB, entidad que agrupa a dichas sociedades es, como la FAPA, un satélite socialista que se abstiene muy mucho de criticar al ejecutivo, especialmente en fechas próximas a unos comicios. Riudavets ha venido comandando una cooperativa de enseñanza, un tipo de centro concertado que, a diferencia del resto, puede legalmente repartir beneficios económicos entre sus socios-trabajadores y, en palabras del actual conseller, el único reducto de la enseñanza concertada que le hace tilín al Govern, pese a ser muy minoritario.

Estos dos ‘independientes’ vienen a reforzar una alineación en la que destaca, entre los varones, Iago Negueruela, el chico para todo de este Govern, que negocia convenios colectivos él solito y es capaz de tener a raya a los pérfidos hoteleros. Desde luego, el gallego no necesita abuela.

Entre las féminas, en cambio, era esperado el salto hacia adelante de Amanda Fernández, la polémica directora general de Martí March al que, tal y como les anuncié hace unas semanas, parece ya claro que pretende suceder si se reedita el Pacte. Fernández, que destaca por haber arrinconado en todo momento al sector educativo privado y concertado, y que ya fracasó en su pretensión de discriminar a las familias de los alumnos 0-3 en función del tipo de centro en el que fueran escolarizados –algo que nuestro TSJ hubo de corregir extendiendo las ayudas públicas a todas las familias sin recursos–, tiene sobre la mesa una nueva patata caliente, un proyecto de decreto de educación inclusiva que ha supuesto el rechazo casi unánime de todas las organizaciones de la enseñanza y cuyo resultado final aún desconocemos, pero que, por lo visto hasta el momento, constituye un mero ejercicio de postureo preelectoral para ensalzar a su ideóloga, una norma carente por completo de medidas efectivas o de previsiones en materia de dotación de recursos a los centros educativos públicos y concertados, lo que haría imposible la debida atención en aulas ordinarias a estos alumnos que actualmente están escolarizados en centros de educación especial que es, en suma, lo que dice buscarse.

En esta batalla por suceder a March, tenemos, pues, además de a una ganadora, a un perdedor, el director general de FP, Antoni Baos, un auténtico superviviente que llegó al ejecutivo, vía CCOO y redes sociales, tras haber transitado como liberado por otras organizaciones sindicales. Baos, pese a que en origen fue docente de la enseñanza concertada –como la propia Amanda Fernández– ha destacado también por dificultar en todo momento el crecimiento de la Formación Profesional en ese tipo de centro, despreciando el enorme ahorro que suponen para el erario los conciertos.