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Stalin  afirmó que «una muerte es una tragedia, un millón de muertes es sólo una estadística». Dicha por quien ordenó la ejecución de un millón de compatriotas adquiere un tono auto-justificativo; pero, sobre todo, denota la insensibilidad cegadora y paranoide de una ideología totalitaria.

Según el Ministerio de Sanidad, en España se producen unos 90.000 abortos voluntarios cada año desde 2010, cuando se promulgó la ley de plazos que permitió la interrupción libre del embarazo dentro de las catorce primeras semanas de gestación. El 90 % de los abortos no alegan supuestos excepcionales, contemplados en la legislación. Un alto porcentaje implica a las mujeres entre los 20 y 30 años de edad. Este dato apunta a varias causas en la interrupción de embarazos no deseados, como el aumento de la precocidad y promiscuidad sexual entre adolescentes, favorecido por el alto consumo de pornografía. También la relajación en el uso de anticonceptivos. Sin olvidar la influencia del nuevo feminismo de cuño marxista, que aboga por ‘liberar’ a la mujer de la esclavitud patriarcal de la maternidad. De este modo, terminan banalizándose las relaciones sexuales reduciéndose a un frívolo divertimento. Del total de abortos anuales en la UE (cerca de un millón), el 12 % corresponden a España.

Ante la tramitación de la nueva ley del aborto, el TC se ha pronunciado, al fin, avalando la ley promulgada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, casi trece años después de que el PP interpusiera un recurso. De nuevo se hace realidad esa visión del derecho que en 1978 manifestara el ponente constitucional por el PSOE, Gregorio Peces-Barba: «el problema del derecho es el de la fuerza que está detrás del poder político». Toda una declaración positivista, según la cual es norma válida la impuesta por el legislador con independencia de criterios morales. Una postura que choca con aquella otra fundada en el derecho natural y que reconoce los derechos inherentes del ser humano, también del concebido, por el hecho de serlo; siendo, por tanto, digno de amparo y protección jurídica. Con esta intención fue redactado el artículo 15 de la Constitución, que introdujo el pronombre ‘todos’ para comprender a los nacidos y no nacidos en su derecho a la vida. Sin embargo, dicha interpretación fue burlada por los socialistas, sumándose también ahora el beneplácito de Núñez Feijóo.

Mientras tanto, siguen sucediéndose las cifras. ¿Seguirá siendo una fría estadística o una tragedia humana monstruosa?