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La semana pasada participé en una mesa redonda sobre sostenibilidad donde se daba también voz al Govern y a una de nuestras multinacionales hoteleras. Mi intervención, buscando un enfoque legal, partía de preguntarme si la sostenibilidad turística requiere normas o es una necesidad empresarial. Una cuestión demasiado imprecisa para plantear que esta no puede estar en un lado o en otro y que exigen un profundo entendimiento entre sector público y sector privado, entre los que crean las normas desde sus ideologías políticas y la sociedad (y el sector empresarial) que tiene que ponerla en práctica. La sostenibilidad necesita datos, tecnología, consenso y un diseño normativo que no solamente ponga parches. Me preocupa el abuso de la palabra cuya definición por la RAE es bastante amplia y que por ser tan elástica puede abarcarlo todo y quedarse en nada. De hecho, me preocupa que muchos representantes hablen de sostenibilidad como un destino cuando la sostenibilidad es un viaje. Un eje que quise defender: la sostenibilidad debe concretarse dentro de una estrategia global y no puede encasillarse en unos objetivos y medidas locales que, además, van mutando conforme se van activando y probando. Por ejemplo, es notorio que empezamos a entender que las placas solares son mejores que una central de carbón, pero también que las primeras demandan racionalización y estrategia (como la que las prohíba en determinados entornos o impida plataformas sobre los tejados que rompan la estética tradicional de los municipios). En esas prescripciones de la ley hay poca disrupción tanto en el método como en los términos y una verdadera transformación exige fórmulas ajenas al greenwashing y a las siempre citadas agendas climáticas que corren el riesgo de asumir la falsa ciencia que tanto gusta a la política de la decadencia.

Naturalmente que las normas aprobadas ya nos permiten reevaluar la forma en que vivimos y exigen crear valor, pero son más imprecisas en los medios económicos y su eficacia (pude plantear la disyuntiva subvención o incentivo); ahí está su reto porque la forma en que hemos diseñado sistemas, estructuras y organizaciones afecta a nuestro bienestar y el ecosistema de vida que es nuestro planeta. Burocracia e inacabables auditorías exigen un cambio al igual que este sistema de producción basado en un enfoque lineal de tomar-hacer-desperdiciar que genera un creciente y desmesurado uso de los recursos. Sin olvidar que la Administración debe resolver antes que imponer fórmulas al sector privado; sus prácticas de ahorro de costes ya buscarán la eficiencia y dar forma a lo que se ha denominado responsabilidad social. Un claro ejemplo son las vergonzosas fugas de aguas en municipios como sa Pobla, Campos o Artà. Es insostenible un sector público que no resuelve los problemas propios y acrecienta los ajenos y ello es propio de esta política de rabia y autobombo que también lo es. Porque hay muchas cosas que no deben sostenerse para que lo hagan aquellos bienes a proteger. Empecemos, pues ganaremos, impulsando la política sostenible.