La tormenta perfecta ha llegado a la vivienda de alquiler: muchos pisos se retiran del mercado para dedicarlos al alquiler turístico; los fondos buitre presionan a los inquilinos para que abandonen las viviendas o acepten subidas desorbitadas al vencimiento de sus contratos, a pesar de la limitación legal del máximo del 2 % fijada por el Gobierno; el endurecimiento de las condiciones hipotecarias expulsa a posibles compradores de vivienda que no tienen más alternativa que el alquiler…
Las medidas que tomó el Gobierno no están teniendo el resultado esperado y vivir de alquiler se ha convertido en una tragedia a la que muchas y muchos estamos condenados de por vida. Una situación tan extrema exigiría la toma de medidas excepcionales, pero nos enfrentamos al dilema del enfrentamiento entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada. En España se calcula que hay más de tres millones de viviendas vacías, al tiempo que es el país de la UE que tiene la menor oferta de vivienda social. Es la lacra que arrastramos de décadas de que Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno central no inviertan en vivienda social. Expropiar las viviendas que lleven más de uno, dos o tres años vacías y fuera del mercado del alquiler podría ser una solución, pero sería dinamita política que explotaría en las manos de la institución que lo hiciera. Hay quien defiende la tesis de que la solución no es la vía del castigo, sino la del premio en forma de incentivos fiscales. Quizá pueda funcionar, pero es lenta y excesivamente tibia. Es tiempo de agudizar el ingenio para buscar nuevas soluciones porque el problema al que nos enfrentamos es nuevo.
Que la Administración ofrezca alquilar viviendas a precios de mercado durante plazos largos, diez años por ejemplo, y los realquile, solucionaría los problemas de impago de las rentas que aducen muchos propietarios. Que esa alternativa incluyera también la posibilidad de la compra/venta por parte del Estado para poner esas viviendas en el mercado de alquiler también podría contribuir a paliar el indecente déficit de vivienda social que padecemos. Dejar al mercado que gestione este problema nos aboca a que crezca la bola de nieve que acabará por arrastrarnos a quienes no tenemos, ni podemos tener, una vivienda en propiedad. ¿Qué esa medida aumentará el endeudamiento público? Sin duda, pero también contribuirá a que la demanda interna aumente, a que la gente pueda llegar a fin de mes y a que acceda a una vivienda a la que tiene derecho, un derecho contemplado en nuestra Constitución.
8 comentarios
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Claudio Ranieriesteim a una societat de mercat; es millor marc per evitar impagaments és demanar una renda que sa gent pugui pagar i que, en cas d'insolvència sobrevinguda, hagis pogut contractar una assegurança dins es requisits de solvència des llogater que demana s'asseguradora, no que mamà administració te salvi es negoci arriscat. Jo vaig tenir una propietat en lloguer durant un grapat d'anys, després de sa crisi del 2008, i mai vaig tenir cap problema d'impagament ni el vaig tenir buit cap mes (i varen passar tres llogaters en cinc anys); això sí, jo en demanava 450 €/mes mentres es preu mig des barri rondava ets set-cents. Com te pots imaginar, tenia llista d'espera de llogaters i vaig poder triar qui entrava a sa meva propietat. Ara, es que vulgui cobrar mil en lloc de cinc-cents, que assumeixi es risc ell. És es mercat, amic.
Usuario registradològic; vols dir que tu, com a propietari, arrendaries una propietat teva a qualcú que no sigui solvent? La llogaries a qualcú amb risc d'impagament? Aquestes asseguradores solen demanar una sèrie de requisits des llogater (contracte estable, que sa renda a pagar no depassi un 30 ò 40% des seus ingressos), com faria jo si hagués d'arrendar una propietat meva. I com hauria de fer qualsevol propietari que vulgui arrendar amb certa seguretat. Ses assegurances estan per quan hi ha un problema (una insolvència sobrevinguda, per exemple), no per garantir un negoci arriscat. Es propietari que vulgui assumir riscos per treure més rendiment econòmic de sa seva propietat ha d'assumir ses possibles conseqüències, no repartir-les entre es que no hi guanyen res, no trobes?
Heròdot d'HalicarnàsEn este caso no estoy de acuerdo con usted, no se trata de socializar las perdidas, sino de crear un marco legal que genere seguridad juridica frente a impagos. Cuanta mas seguridad juridica mas casas en alquiler y cuantas mas casas en alquiler precios mas bajos de los alquileres. Lo que no puede ser es que alquiles tu vivienda y pase lo que está pasando (que todos conocemos). No todo el mundo que alquila su vivienda es un especulador.
Claudio RanieriLa segona part es una certessa històrica que es pot comprovar a les hemeròteques.
Heròdot d'HalicarnàsLes assegurances de lloguer son un negoci com qualsevol altre assegurador, abans de subscriure la pòlissa s'asseguren de que el llogater sigui solvent, si hi ha risc d'impagament no t'asseguren.
Usuario registradoqualsevol persona que vulgui fer negoci amb una casa pot contractar una assegurança que cobreixi es riscos que no vulgui assumir personalment. Per què li ha d'assegurar es negoci s'administració? Per què hem de privatitzar es beneficis i socialitzar ses pèrdues?
Usuario registradoEstoy totalmente de acuerdo con usted en la primera parte de su argumento, ahora en la segunda parte desvaría totalmente.
La ultraprotección de inquilinos y consecuente desprotección de los arrendadores es lo que propicia las viviendas vacías. El país pasó ya por periodos de escasez de vivienda -muy superiores a la actual- y está empíricamente demostrado que un propietario no sacará su casa al mercado si no tiene la certeza de recuperar el inmueble, en un plazo cierto y razonable, si el inquilino incumpliera su principal y casí única obligación: pagar la renta convenida. La llamada "ley Boyer", dictada por otro PSOE, dió seguridad jurídica, ahora se ha ido desfigurando, tacita a tacita, por el partido minoritario que impone su dictado al actual PSOE, y cuyo lema parece ser "casas gratis para todos", obligando a los particulares a hacer caridad a los morosos "vulnerables", categoría en la que legalmente entra la gran masa de inquilinos.