Cuando Sánchez comprobó que los resultados electorales solo le permitían gobernar con comunistas y separatistas, decidió conformar y liderar un nuevo frente popular en el que asumía buena parte de la ideología de Podemos y hacía suyas las reivindicaciones de los separatistas catalanes y vascos; todo ello estructurado dentro de una estrategia a largo plazo que desembocaría en un Estado confederal o algo parecido. Pero él no se había presentado a las elecciones proponiendo un cambio de sistema político. Es más, negó con firmeza cualquier pacto con quienes hoy le sostienen.
¿Cómo está dispuesto a acometer ese proyecto si la CE del 78 lo hace imposible? Pues desatornillando poco a poco sus juntas, desactivando el sistema de contrapoderes para controlar de facto los tres poderes del Estado. Empezó con recortes democráticos sin precedentes, con abusos legales –decretos, desprecio al Parlamento y a los órganos consultivos– con el objeto de demoler el Estado de derecho, asaltando y degradando las instituciones, desde la Corona hasta Correos, y, sobre todo, asaltando la Justicia, concentrando el poder en Su persona, autoridad arbitraria, que cuando tropieza con la ley o una garantía constitucional la cambia a su antojo.
Estamos viendo cómo se perpetran actos aberrantes que jamás podríamos haber imaginado: se deroga el delito de sedición, único país conocido que se desarma en beneficio de sus enemigos; se elabora un Código Penal a la carta de intereses personales y partidistas, desbarre colosal a la medida para provecho de aquellos que cometieron el delito y que siguen teniendo como objetivo declarado la destrucción del Estado. Y, con ello, se reniega del discurso del Rey, humillándole, se doblega a la Justicia y se legalizan los objetivos de unos delincuentes. Ay del juez que se atreva a cuestionarlo: acabará en la cárcel. Si el peruano Castillo alega que le echaron droga en el Cola Cao, habrá que investigar qué pócima le han echado a Pedro para organizar este azote.
Han empezado a erosionar la roca de la CE78, que nació con las suficientes grietas por dónde meter el martillo perforador de Conde Pumpido, presidente que ya es del TC con mayoría progresista, para hacer que en ella quepa un referéndum, y un portaviones si se lo ordena su señorito. Ya no es mancharse la toga con el polvo del camino, es ocultar con ella la deriva totalitaria de un presidente tan insensato como empecinado, la traición política a la CE.
Paralelamente, con Podemos como ariete, se sustituye el marco ideológico y social con base en el humanismo cristiano y el liberalismo por el mensaje woke, promulgando un conjunto de leyes, cada cual más atrabiliaria, que rompen con la cultura y los valores que hasta ahora han sido los de Occidente. Se sirve para ello del asfixiante control de los medios de comunicación y de la compra de voluntades a base de un derroche de subvenciones.
Esta acción lleva aparejada la descalificación de la oposición, presentada como un detritus político sin legitimidad democrática para ser alternativa. Han conseguido anestesiar la sociedad hasta tal punto que se permiten acusar al PP de antidemocrático y anticonstitucional por negarse a relevar a los miembros del CGPJ, mientras el gobierno está debilitando las leyes que impiden la secesión para satisfacer a sus socios ex presidiarios y niega la posibilidad de una alternativa.
Vivimos momentos de extrema gravedad, el Estado de derecho está amenazado, el camino hacia el abismo ya está trazado y su artífice pretende hacerse con todos los poderes del Estado.
Pero hay otro camino, el que se promete al tomar posesión del cargo: defender la Constitución. Y eso incluye reformarla según sus previsiones.
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