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El presidente del Gobierno despide el año asegurando que no habrá un referéndum en Cataluña. Palabra de Pedro Sánchez. En paralelo, en el contexto de su mensaje de Navidad, Pere Aragonès, presidente de la Generalidad, anuncia que en 2023 negociará con el Gobierno la celebración de un referéndum de independencia acordado y reconocido internacionalmente. Sánchez niega la mayor, pero sabemos que el valor de su palabra fluctúa en función del momento y las circunstancias. Y buena parte de la sociedad española todavía se está reponiendo del escándalo provocado por los cambios introducidos en el Código Penal para beneficiar a los sediciosos que participaron en el ‘procés’. Un traje a medida: indultos, supresión del delito de sedición, rebaja de penas a la malversación. En la práctica una amnistía encubierta. Pese a ello, ERC viene siendo socio parlamentario destacado del PSOE. Sánchez se defiende de la incomodidad que genera la pregunta de si habrá un referéndum aduciendo que lo prohíbe la Constitución. Es verdad. Pero también prohíbe la amnistía y ahí están los sediciosos del ‘procés’ brindando con cava, felices con las reformas que les ponen a salvo de sentencias y condenas.

En este asunto todo depende del valor que le demos a la palabra de Pedro Sánchez. El problema del presidente del Gobierno es su falta de credibilidad. Hay motivos para recelar de sus planes en relación con Cataluña porque dada su necesidad de contar con el apoyo de ERC, en paralelo con los cambios legislativos, estamos asistiendo a maniobras para colocar en el Tribunal Constitucional a magistrados afines. Caso del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El mismo que tratando de justificar los indultos argumentaba que había que «desempedrar» el camino para conseguir la «pacificación» de Cataluña. No lo llamarán referéndum pero será un precedente que abrirá la puerta a un conflicto político de horizonte desconocido. Tan peligroso como innecesario.