Juan Mestre24/12/22 0:29
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Aestas alturas tengo claro que entre hacer caso a reconocidos juristas como Rosa Villacastín y Jorge Javier Vázquez o a la socialista Cristina Alberdi pues elijo a la exministra. Alberdi, nada sospechosa de fascista, ha dicho que no se pueden cambiar leyes orgánicas a través de enmiendas en el texto articulado de los Presupuestos, una posición que comparten la mayoría de juristas serios de este país. Recuerdo como si fuera ahora que los socialistas Paco Triay y Pep Alfonso acusaban en la tribuna del Parlament a Gabriel Cañellas de utilizar el texto articulado de los presupuestos como un cajón de sastre para colar cambios legislativos. Pero lo que hacía Cañellas, y luego el resto de presidentes, no tenía ni punto de comparación a los planes de Sánchez y sus socios, capaces de todo para seguir en el poder.

Por eso convendría serenar los ánimos y recordar que el Congreso de los Diputados no ha sido disuelto por el Tribunal Constitucional. Parece de sentido común que lo único que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional impide que la eliminación de la sedición y la rebaja de la pena para corruptos, algo con lo que todos los ciudadanos supuestamente están de acuerdo, sobre todo los de izquierdas, no podrá hacerse con la tramitación prevista. Los partidos ahora deberán utilizar un procedimiento ordinario para tramitar dichas modificaciones, algo que evidentemente no quería Sánchez porque eso, y de ahí las quejas también de Armengol, genera un debate nada positivo de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Se hablará de sedición y malversación en los próximos meses, algo que quería evitar a toda costa Sánchez.

Lo positivo de este debate es que ya conocemos la postura de Armengol sobre estos cambios tan importantes sin que sorprendentemente se lo haya pedido ningún periodista, no sea que eso pueda molestar a Negueruela. Es evidente que la presidenta de todos los ciudadanos de Balears apuesta por eliminar la sedición y rebajar la condena a los corruptos que hayan malversado dinero público sin llevárselo a su casa, una medida que cuando se apruebe beneficiará a algunos de sus ilustres compañeros de partido investigados, y a las puertas de ser juzgados, del ‘caso Multimedia’, un asunto que tampoco ha interesado demasiado a los adalides de la transparencia y democracia.

Mientras se acusa al Tribunal Constitucional de fascismo poco se habla de los 100 violadores que ven reducidas sus condenas por la chapuza ley del ‘solo sí es sí’ o el escándalo sobre las comisiones cobradas por el PSOE valenciano para pagar la campaña de De la Vega. Tampoco se comenta mucho el archivo del caso de la caja B del PP por falta de pruebas. Mientras tanto convendría que todos se calmasen un poco.