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La pasada semana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, inauguró el tranvía de Cádiz. La cosa no tendría más trascendencia si no fuera por un pequeño detalle: la puesta en marcha del proyecto se ha demorado dieciséis años. Nada diremos de los sobrecostes, un mal que aqueja de manera crónica a todas las obras públicas en España y Balears, bien es sabido, no es una excepción. Lo digo porque el tranvía de Palma puede llevar exactamente el mismo camino, aunque ya pueden suponer que estando como estamos en año electoral ya habrá quien diga que lo vamos a disfrutar para las próximas fechas navideñas.

En el Parlament se ha presentado una interesantísima, y polémica, moción que plantea Proposta per les Illes (PI) con diversas iniciativas para frenar la superpoblación que vaticina el Instituto Nacional de Estadística (INE) para las Islas en las próximas décadas, un tema de la máxima trascendencia de cara al futuro. Según me explicó el diputado Josep Melià, la idea de la formación regionalista no es otra que abrir el melón de un debate que no puede demorarse, y menos tratándose de un tema de tanta trascendencia social. En total son 16 propuestas, las cuales podrían resumirse en dos, las que se insta al Gobierno a facilitar la cogestión de los puertos y aeropuertos y, por otra parte, la que se insta a la Unión Europea para que autorice exenciones de las normas generales que sean específicas para Balears, como ocurre en determinas islas de Dinarmarca y Finlandia, enclaves en los que se aceptan medidas restrictivas para obtener la residencia. La realidad es que sin ambas condiciones el debate se convierte en un parlar per parlar, o si lo prefieren fer volar coloms. Bueno sería lograr la unanimidad y el consenso en ambas peticiones.

De todos modos también es preciso indagar cuánto hay de ficción en todo este tema de la saturación, turística o poblacional. Traten de hacer memoria sobre qué depuradoras se han ampliado en los últimos años, qué mejoras se han introducido en la red viaria, ni un palmo más de líneas ferroviarias, ¿nuevos centros de salud?... Digamos que desde las instituciones poco se hace para aliviar la situación, una actitud que da la impresión que en demasiadas ocasiones es intencionada.

El precio del poder

El cinismo político que caracteriza a Pedro Sánchez se está poniendo de manifiesto con especial relevancia en los últimos meses, basta reparar en el precio que pagará por la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Las concesiones a los socios parlamentarios, en especial Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, no tienen precedentes si se exceptúa el pago que Felipe González hizo a Coalición Canaria para su investidura en primera votación. Esta no puede ser manera de gobernar, los pactos –que no son esencialmente malos– se sustentan en la mera conservación del poder orillando cualquier tipo de consideración de coherencia. Esta forma de entender la política no crean que es exclusiva de Sánchez; la ingestión diaria de sapos del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), es de concurso.