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El hecho de que el gasto en pensiones se llevará en 2023 la mitad del gasto extra presupuestado disgusta sobremanera a quienes critican el conjunto de las cuentas del Gobierno. Se comprende, no sin cierta repugnancia, que los Presupuestos Generales devengan en materia electoral, electoralista, en año de comicios, pero no se comprende que sea esa partida concreta, la de las pensiones, la que despierte más furor entre los debeladores, que parece que se la tienen jurada a esas prestaciones públicas de estricta justicia social.

Diríase que la subida de las pensiones, en torno al 8,5 % que dicta el IPC con el que se emparejan según lo acordado en el Pacto de Toledo, desborda lo que pueden soportar los neoliberales profundos que llevan décadas pregonando argumentos apocalípticos sobre la «insostenibilidad» de las pensiones, particularmente las de jubilación. La tirria que las dispensan les fuerza a urdir alternativas tan delirantes y lesivas para los mayores como la de la «mochila austríaca» o la de que se busquen la vida por su cuenta con los falsos planes de pensiones privados, que no son sino fondos de inversión de riesgo que especulan con los ahorros.

Así las cosas, eso de que a un jubilado que percibe la pensión mínima (la mitad de las pensiones jubilatorias lo son) se le suba 50 euros al mes, debe parecer a los «insostenebilistas» totalmente inaceptable, una ruina, una merma insoportable de la caja común en la que a tantos de ellos les gusta o les gustaría meter la mano. Hay, ciertamente, cosas insostenibles, como la corrupción política que en España ha saqueado a conciencia las arcas comunales, o como el dispendio en proyectos absurdos, en los endémicos sobrecostes en las obras públicas, en la nube de «asesores» enteramente prescindibles, en oficinitas y mamandurrias o en toda la legión de parásitos que vivaquean al amor de los recursos del Estado.