Han tenido que pasar casi veinte años para que de nuevo se anunciara la construcción de viviendas sociales en el antiguo cuartel de Artillería de la carretera de Valldemossa, Son Busquets, «en el mínimo tiempo imprescindible» dijo la ministra de Transportes en la firma del acuerdo con la ministra de Defensa para el desarrollo urbanístico de los 110.000 metros cuadrados de la parcela hasta ahora militar.

La titular de Defensa señalaba la voluntad del Ministerio de «devolver a la ciudadanía» aquellos terrenos que han perdido su uso militar. Más o menos en los mismos términos se había pronunciado el entonces ministro, José Bono, en 2006, al firmar un compromiso con idéntico enunciado con el Govern. El Ministerio de Defensa es uno de los grandes tenedores de suelo público en Baleares y la ansias de hacer caja le ha llevado todos estos años a especular con sus propiedades, ignorando la obviedad de que gestiona terrenos públicos que han de dedicarse a dotaciones también públicas. Ha sido necesario que la carencia de viviendas a precios asequibles se convirtiera en el gran fracaso de las administraciones gobernadas por la izquierda para que el Gobierno de Pedro Sánchez diera su brazo a torcer.

Son Busquets en su momento había salido a subasta, en un procedimiento similar al de la enajenación del acuartelamiento de Automóviles de Son Simonet, que fue adquirido por una empresa por 5,5 millones de euros para la realización de una promoción que se prevé esté terminada en 2024. Hace algo más de un año, Més demandaba al Ministerio de Defensa la anulación de la salida al mercado de dos solares de su propiedad en Inca para la construcción de pisos. En Menorca, el Ayuntamiento de Maó asiste, entre la ira y la decepción, a la reiteración de la subasta de los 2.600 metros cuadrados de la calle Vassallo, por parte, otra vez, del Ministerio de Defensa. A finales de 2020 la oferta ministerial había quedado desierta. El Consistorio desistió de intentar la compra porque el precio superaba el de mercado, según el informe de la Intervención municipal. Hace aproximadamente un mes se cerraba el período de presentación de pujas. De salida, 1,47 millones de euros en primera ronda y 1,32 en la definitiva.

Camino del final de la segunda legislatura de Francina Armengol, el acceso a una vivienda es una opción limitada a economías muy solventes. La inflación y el aumento del coste del dinero se añaden a la falta de suelo y a un planeamiento que en Palma no se ha adaptado en altura y densidades para permitir una ciudad más vertical, según las declaraciones a este diario del presidente de la Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales de Baleares, Han Lenz (19 / 09/ 2022). Ni la intervención pública del mercado de alquileres ha conseguido evitar que funcionarios, médicos, enfermeras, policías, guardias civiles y trabajadores de temporada puedan fijar su residencia en Baleares. En Eivissa, el déficit es dramático.

A la vista de la burocracia laberíntica de las administraciones implicadas, quizá fuera aconsejable poner sordina a las fanfarrias por Son Busquets, no fuera a suceder que el «día histórico» (José Hila, alcalde de Palma) o el «antes y después» (Josep Marí, conseller del Govern) se quedara solo en el titular.