‘Carpe diem’

A pesar de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania; aun cuando el rebrote de contagios por las variantes del coronavirus adquiera tintes amenazantes; por mucho que gobiernos y autoridades europeas adviertan de un otoño extremadamente incierto energéticamente, una sensación de euforia parece haberse enseñoreado de la sociedad entera de Baleares, sin atender a cualquier otro razonamiento que no sea el tópico de apurar el momento presente sin esperar el futuro, carpe diem.
El latiguillo de ‘había ganas’ que utilizan los comentaristas de cualquier evento multitudinario se aplica asimismo a la avalancha turística que ya ha dejado de ser una expectativa para traducirse en la percepción de saturación tan cara a partidos y grupúsculos hostiles al turismo. En cualquier caso, el Govern pretende proyectarse como causante de esa euforia desbordante y hace suyas las cifras de visitantes, de crecimiento económico e incluso del empleo. El portavoz Iago Negueruela saludaba con entusiasmo la última estadística de ocupación y no dudaba en pronunciar la frase mágica: pleno empleo, replicada con el mismo fervor por la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, al dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos de su coalición en un 92 %, y queda al albur o la fe de cada cual la aceptación del guarismo. También desde el Ayuntamiento de Palma se ha intentado poner el acento en la mejora de la ocupación, pero el alcalde, José Hila, no está para muchas fiestas después de tener que reconocer que las obras para recuperar las galerías de la Plaça Major no podrán comenzar hasta 2024, a pesar de sus compromisos con las asociaciones de comerciantes de compartir ideas y proyectos de futuro para el recinto; al final, la Plaça Major es una nueva constatación de la incapacidad de gestión de la mayoría que comanda, distraída por otra parte con el esperpento continuo de Podemos y las cuitas judiciales de Neus Truyol, portavoz de Més, que, como Pedro Sánchez, atribuye a «poderes ocultos» la petición de la Fiscalía de cuatro años de sanción por presunto delito medioambiental.