Entre marzo de 2021 y abril de 2022 se producen 4 actuaciones judiciales en contra de decisiones políticas del Ayuntamiento de Palma que eran respuestas favorables a peticiones y necesidades ciudadanas. En marzo de 2021, una sentencia falla contra la limitación del horario de bares y restaurantes de la zona Lonja hasta las 23 horas. En septiembre de 2021, el TSJIB falla en contra de la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares. En abril de 2022, se inhabilita para ocupar cargo público a Aurora Jhardi por la retirada de la publicidad callejera a los locales del grupo Cursach en la Playa de Palma.
También en abril de 2022, el juez ve indicios para imputar a Neus Truyol, denunciada por un particular porque, en 2015, cerró ocasionalmente la playa, abordando el problema de la contaminación por mezcla de aguas fecales y pluviales en la bahía de Palma e iniciando el proceso para financiar y construir la infraestructura de depuración necesaria.
Los argumentos judiciales están en la línea de priorizar la libertad de negocio por encima de todo, incluso de la salud. En el caso de Truyol, la imputación recae sobre quien es parte de la solución y no sobre quienes, durante años, fueron parte del problema y dejaron perder los fondos previstos para la infraestructura en 2013. ¿Al servicio de qué intereses está la normativa y el sistema judicial? ¿A dónde nos conduce la judicialización de la política? ¿Dónde queda la voluntad ciudadana? ¿Es esto la democracia?
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