Con la propuesta de reducir impuestos del Partido Popular como fundamento de su política económica y el espectacular incremento de la recaudación fiscal del Govern de Francina Armengol, y su negativa a cualquier atenuación de las cargas impositivas a los ciudadanos, confrontan dos formas de proceder ante un escenario adverso. El origen de las dificultades se encuentra en buena medida en el incremento generalizado de precios que empobrece a las familias y entorpece el normal desarrollo de autónomos y empresas, pero que, paradójicamente, bonifica los presupuestos oficiales.
A raíz de la liquidación de las cuentas públicas de Baleares del año pasado se ha conocido el incremento de la recaudación por impuestos, casi 500 millones de euros y la cifra del superávit de la Administración autonómica, por encima de los 300 millones, cantidad que, aunque desde el Govern se apele a la prudencia a la hora de planificar como explicación, no puede entenderse como una buena gestión: o el presupuesto estaba mal hecho o no se ha sabido gastar lo previsto.
La mejora recaudatoria del Govern responde en buena medida a las operaciones de compra venta de viviendas, en su mayoría de lujo y con gran presencia de capital extranjero, lo cual constata que a la hora de hacer caja no hay lugar para el debate que periódicamente suscitan los partidos de ese mismo Govern sobre establecer límites a la adquisición de propiedades por parte de dinero foráneo en el marco de las que serían restricciones al crecimiento de la población de las Islas.
El mayor dinero recaudado resulta todavía más hiriente cuando desde diferentes ámbitos se ha resaltado la ausencia de reacción de los poderes públicos frente al desbordamiento de la inflación, sin perspectivas de que la tendencia vaya a cambiar a corto plazo. Familias, trabajadores, empresas han tenido que reelaborar sus cuentas a la baja para que el final de mes no sea una meta inalcanzable. Las administraciones, la política, no. Ni siquiera un gesto en forma de recorte del gasto suntuoso e innecesario. Que los máximos dirigentes de CCOO y UGT hayan salido de su mutismo para decir en Palma que será necesario incentivar la conflictividad para que los salarios no sigan perdiendo poder adquisitivo permite hacerse una idea de las dimensiones de la crisis.
La izquierda repite el argumento de la imposibilidad de bajar impuestos para no afectar a los servicios esenciales, sanidad, educación, asistencia. Es una falacia. Nadie en su sano juicio podría defender la reducción de gasto público en esos servicios, por otra parte manifiestamente mejorables (ahí están como ejemplo los barracones escolares, las listas de espera para la visita a un médico, el atasco en la tramitación de expedientes de dependencia), pero sí en el laberinto de burocracias que ejercen de freno a la dinámica económica como consecuencia de la obcecación por el control administrativo de los sectores sociales más vigorosos. De ahí que propuestas como una mejor consideración fiscal de la mayoría de rentas del trabajo (hasta 40.000 euros), ayudas directas a las rentas inferiores, recortes en el IVA de servicios básicos y en otros impuestos, sociedades, transmisiones, sucesiones, permitan al menos vislumbrar una alternativa, otra política económica.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.