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En tiempos de desolación siempre anunciar planes millonarios. Es la fórmula por la que han optado las administraciones públicas, como si hubieran adaptado a su conveniencia la sentencia ignaciana, ante la profunda inquietud que se respira en las calles y que ya se ha manifestado en protestas multitudinarias. De hecho, hasta que no se han colapsado carreteras y ciudades, no ha reaccionado Pedro Sánchez, y a su zaga Francina Armengol, con un Plan de enunciado rimbombante y de efectos más que dudosos, sobre todo porque parte de una mentira, y ya es habitual la escasa relación del presidente con la verdad: cuando el primer soldado ruso ponía el pie en Ucrania, la inflación ya había escalado hasta el 7,4 %.

Del plan gubernamental todas las miradas se mantienen en la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Al margen de los serios problemas de aplicación y de que el aumento de su precio vaya a dejar en nada la subvención en cuestión de días, para el director del Instituto de Estudios Económico, Gregorio Izquierdo, la medida, al ser generalizada, constata un uso ineficiente del gasto, puesto que hay diferencias, por ejemplo, entre una familia de economía saneada que destina un 10 % de su presupuesto a llenar el depósito de sus vehículos y una empresa de transporte o agrícola para la que el incremento imparable del precio del gasóleo puede suponer el cierre y la ruina.

El incremento de precios, a un paso muy corto de los dos dígitos, es persistente y estructural según lo ha calificado el Consejo General de Economistas, de forma que la economía pierde competitividad (la inflación es mucho menor en el resto de Europa) y provoca un empobrecimiento general, frente a lo que medidas como la intervención de alquileres, otro eje propagandístico junto a la prohibición de despidos y el castigo a las empresas eléctricas, es un absurdo, en opinión del profesor José Ramón Pin Arboledas, que defiende la necesidad de la reducción de impuestos para que la clase media recupere parte del dinero que se lleva el Estado.

16.000 millones de Sánchez, entre préstamos y subvenciones, más de lo primero, y otros 100 millones de Armengol por idénticos conceptos, mostrados como si fueran tablas de salvación, a la espera del aplauso enfervorizado de las multitudes, cuando en realidad la respuesta es la irritación creciente porque todo el esfuerzo recae sobre los ciudadanos. No hay otra fórmula que repartir entre todos el precio de la guerra, decía Francina Armengol al detallar sus ofrecimientos en el Parlament. Pero ni el Gobierno ni el Govern hacen ni siquiera un gesto para reducir el inasumible gasto público improductivo. Reaccionan tarde y, según todos los sectores afectados por la crisis, las medidas son insuficientes. No hay, pues, nada que agradecer. Ni al uno ni a la otra. Por odiosa que pueda resultar la comparación, mientas Francina Armengol pregona sus cien millones añadidos al Plan nacional, las diputaciones forales vascas deciden el aplazamiento o la exención de los impuestos de gestión propia.
Y va Pedro Sánchez, cínico, y exige unidad cuando lo que quiere es sumisión a sus planteamientos. Difícil papeleta para el flamante presidente del PP, Núñez Feijóo, porque un gran acuerdo es cuestión de supervivencia nacional.