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Las víctimas del terrorismo han salido a la calle a decirle al Gobierno que basta ya de traiciones, cansadas de las componendas con los proetarras, cansadas de que se fuerce la política penitenciaria para poner en libertad a presos que no muestran arrepentimiento por sus crímenes ni colaboran en el esclarecimiento de los 379 casos que han quedado impunes.

Esta vileza la inició Zapatero, que pactó con ETA un acuerdo de paz que no fue otra cosa que borrón y cuenta nueva. Un pacto entre dos partes homologables en conflicto; como si no contara la relevante diferencia que existe entre el delito y la ley, entre el asesino y su víctima. Sánchez, valiéndose de Marlaska, otrora látigo de los terroristas, reconvertido ahora en lacayo de los mismos, lo ha culminado: ha blanqueado a ETA, le ha dado toda clase de ventajas en una negociación de presos por votos, que resulta, además de injusta, un escarnio para las víctimas, porque está manchada de sangre y colmada de sufrimiento.

Pero Sánchez no se lleva bien ni con la verdad ni con la justicia, y sí con el impudor y la falta de escrúpulos. Los casi mil asesinatos, los cientos de heridos, el casi centenar de secuestrados y el cuarto de millón de personas que tuvieron que exiliarse fueron el resultado de una voluntad claramente programada y desarrollada durante cuarenta años de terror etarra. Todos esos estragos causados por ETA tenían como fin acabar con la Constitución y la democracia.

Hoy, Sánchez y Marlaska han convertido a Bildu en un socio preferente del Gobierno; a su líder, Otegui, en un colaborador en la gobernanza del país, que se permite dar lecciones de democracia y convierte al Gobierno mismo en su rehén. Y eso, a pesar de su promesa: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito veinte veces», que, como tantas otras mentiras, ha marcado su mandato.

Han tenido que venir de fuera a defender la dignidad nacional. La Unión Europea ha elaborado un informe en el que, entre otras cosas, se nos dice que no se cierre en falso la acción terrorista de ETA y que sus delitos sean considerados de lesa humanidad. Mientras, el Gobierno contempla aliviar las penas de los asesinos con reformas legales, como que puedan descontar los años de cárcel cumplida en Francia o reducir el límite de prisión real.