Nuestras Islas se venden y ya queda muy poco monte accesible al ciudadano. En Baleares, hay 20.000 hectáreas forestales públicas, lo que representa un paupérrimo 9 % de la superficie forestal total. Esto significa que el 91 % del terreno boscoso está en manos privadas. La cifra aún sorprende más al saber que un 0,8 % de los propietarios concentra el 22 % del espacio forestal de Baleares. Es decir, hay unos cuantos ricos que nos ponen puertas al campo, dejando sin sentido figurado el famoso refrán y dándole significado literal en nuestra tierra. La protección del entorno natural en las Islas exige urgencia. En el caso de Mallorca, el último Plan Territorial plantea avances al eliminar 700 hectáreas urbanizables, reconvertir 238 en suelo rústico y limitar en un 3,2 % el crecimiento del suelo urbano (frente al 10 % del año 1999, al 7,5 de 2004 y al 5,4 de 2011).
Pero no se pone freno a la concentración de la propiedad ni a la venta indiscriminada de nuestro territorio a manos extranjeras, con poder adquisitivo muy superior al nuestro. Sólo un 5 % de la superficie boscosa es monte de utilidad pública, es decir, sólo 12.000 hectáreas de las 500.000 existentes tienen protección jurídica extra que impide venderlas o embargarlas. Me sorprende e indigna, a partes iguales, que el Ministerio de Defensa tenga en venta la antigua base militar de Cabo Blanco con una superficie de 8,24 hectáreas que incluye un búnker subterráneo de 2.000 metros cuadrados y un antiguo edificio de barracas con 470 metros cuadrados construidos. La propiedad se ofrece por 3,8 millones de euros cuando no hay dinero capaz de pagar su valor. Este espacio, situado sobre acantilados y vistas extraordinarias, debería ser público indefinidamente y de acceso libre al ciudadano que durante tantos años lo ha mantenido con sus impuestos.
Si alguna ventaja ha tenido que sigan en manos públicas pero de acceso vetado a los ciudadanos las bases militares desmanteladas es la protección de su valor ecológico. Gracias a su vinculación al Ejército, estos espacios naturales han sobrevivido vírgenes y ajenos a la urbanización descontrolada y especulativa. El mantenimiento de los ecosistemas que las integran, con su fauna y flora, no tiene precio, como no lo tiene la universalización de su usufructo. Porque es indigno que la naturaleza y el mar queden para el uso y disfrute privilegiado de un único titular. También hemos tenido que asistir en demasiadas ocasiones a la ocupación ilegal de la costa, tomada por propietarios que extienden las parcelas de sus villas hasta el mar convirtiendo la ley en papel mojado. Aún recuerdo como hace unos años varios ricachones colocaron vallas con cuchillas en los accesos al mar colindantes con sus mansiones en Ibiza, al estilo de las vergonzosas alambradas de Ceuta y Melilla.
En el fondo de todo este problema subyace la privatización de nuestras Islas y, en la mayoría de casos, con capital extranjero; como ahora alienta el Ministerio de Defensa con la indefendible venta de terrenos que deberían conservarse como patrimonio público. Incluso para refugiarse en el caso de una guerra.
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