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La flamante Llei d’Educació de les Illes Balears, aprobada por el Pacte con el único apoyo externo del PI, supone la frustración de los esfuerzos de consenso del sector educativo emprendidos a partir del año 2011, inicialmente en torno al Cercle d’Economia y, posteriormente, en la Plataforma Illes per un Pacte Educatiu. Inopinadamente, se sumaron a aquel acuerdo decenas de organizaciones de la enseñanza, que representaban una abrumadora mayoría del sector. Hubo, claro, sonadas ausencias, como la del STEI, incapaz de entender lo que supone el consenso y la búsqueda de aquello que une y no lo que separa. Hasta los de Més –per Mallorca y per Menorca– se sumaron al acuerdo, que partía de la base de la coexistencia y complementariedad de las redes pública y privada concertada y de la total confianza en los centros para diseñar sus proyectos lingüísticos, sin porcentajes, además de aportar medidas novedosas para mejorar la situación de la enseñanza pública.

Aquel pacto se aprobó también por una mayoría muy holgada del Consell Escolar de les Illes Balears. Por desgracia, luego llegó su bochornoso tránsito por el Parlament, con una ponencia el PI incapaz de lograr acuerdo alguno entre las distintas formaciones y con un texto final que produce vergüenza ajena. Nuestros políticos no daban la talla. Pese a ello, el Govern quería su ley educativa, y Martí March proclamaba su intención de consensuarla con el grupo mayoritario de la oposición. Esta vez el PP y Ciudadanos sí han estado a la altura de las circunstancias y han trabajado codo a codo con las organizaciones del sector para intentar conseguir ese consenso. Prohens y Guasp dieron un giro importante a la tradicional posición del centroderecha y han negociado con el PSIB hasta el último día. Naturalmente, Vox siguió con su actitud destructiva, sin aportación alguna que sea útil a los ciudadanos.

Al final, sin embargo, todo ha vuelto a ser un espejismo. El PSIB faltó a su palabra y acabó elevando al pleno del Parlament un texto insulso, sin audacia o novedad de fondo alguna, que no es más que el reflejo de su nula capacidad de diálogo, ya evidenciada en otros ámbitos, como el turístico. Armengol cree que negociar es reunir al sector y contarle lo que ha decidido el Govern. Lo peor es que el Pacte per l’Educació ha muerto también como consecuencia del progresivo abandono del compromiso adquirido por fuerzas como Més per Menorca, Més per Mallorca y el propio PSIB, además de importantes agentes de aquel acuerdo, como fue en su día la FAPA.

Ha bastado que gobernasen los de su cuerda para que estas organizaciones desertaran de la voluntad de consensuar nada. Por lo visto, el pacto educativo solo es necesario si gobierna la derecha. La LEIB no aporta absolutamente nada que no estuviera ya contenido en la LOE o en la normativa ya vigente en Balears. Al contrario, omite incomprensiblemente algunos elementos que caracterizaban a nuestro sistema educativo frente a los del resto de comunidades, como son los conciertos de bachillerato, éxito que debemos a Francesc Fiol y Rafel Bosch. El sectarismo ha triunfado sobre la voluntad de diálogo. Esta ley tampoco será, por desgracia, la norma perdurable que se decía buscar. Las víctimas, como siempre, nuestros escolares y su futuro.