Ya es hora de que vayamos sabiendo sobre la reciente ley del turismo, presentada en Madrid durante la feria de Fitur. Las ministras del ramo parecen estar contentas con el proyecto de ley. Lo cierto es que han hablado maravillas sobre el texto, el cual presumo que no les dio tiempo a leerlo. Solo una ojeadita para comunicar a la prensa que esa ley les parece una maravilla. Es un decir.
La primera noticia que el Govern pone en circulación trata de la congelación de cuatro años de todas las plazas turística de Balears, añaden que la aprobación del decreto ley apuesta por un modelo que prioriza la «calidad, antes que la cantidad». Genial. Esto es exactamente lo que los mallorquines veníamos pidiendo desde el principio del largo desarrollo, durante la década de los años 60; al principio improvisando, y colgando los souvenirs en las persianas abiertas al no disponer de anaqueles, ni expositores, ni caja registradora. Desde el principio los mallorquines mejoraron todo lo que pudieron, sacando buen provecho de cualquier cosa típica.
El Arenal y la costa de poniente poco a poco fueron llenándose de hoteles y pensiones, como casas de comidas, muertos de risa. Mas adelante llegaron las motos de agua, canoas, barcas y grandes yates. Las Illes recibían cuatro o cinco millones de turistas, llegando a los 18 millones en 2017. Tras la pandemia, los próximos años quieren alcanzar cotas todavía más elevadas: 20 millones. ¿Quién sabe?
Para manejar esta regulación se necesitarán un ejército de inspectores pasando revista a hoteles a punta pala, cumpliendo con todos los pormenores del decreto ley; evitando la corrupción, si puede ser. El plan es renovar los establecimientos obsoletos. Cada Consell insular podrá crecer un 15% en modernización, reduciendo un 5% de plazas. Nueva clasificación de la hostelería. Camas articuladas con el fin de evitar las enfermedades de las camareras. Los establecimientos turísticos tendrán un plan de circularidad basado en la evaluación planificada para cinco años. Además: sostenibilidad, modernización y régimen sancionador.
El mayor problema será la ocupación de las Illes por parte de extranjeros y nacionales adinerados; están comprando grandes fincas, casas señoriales cambian la arquitectura local, adecuada al territorio; incumplen normativas al socaire de los ayuntamientos. Surgen urbanizaciones en montañas, carreteras asfaltadas, fanales, recogida de basuras, agua potable, en fin… Nuestros territorios desaparece. En una década, 60.000 compradores poseen la mitad de Mallorca. Siguen.
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