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Ignoro si entre la legión de los positivos de oficio estaba singularmente previsto que de los muchos bienes que se derivarían de la pandemia estaba prevista una mayor, y mejor, atención al ciudadano. De ser así, una vez más su ingenuo esfuerzo por hermosear la realidad ha fracasado. Yo entiendo que los que no se atreven a ser más que positivos en un país que no da grandes facilidades para ello se alborotaran cuando en el año 2019 la Administración incorporó a 222.200 funcionarios más. La contundencia del aumento en el número de funcionarios parecía garantizar que por mal que se hicieran las cosas, en algún aspecto saldría ganando el ciudadano. Vana aspiración. En España, llevar a cabo una gestión es actualmente más y más difícil. La inmensa mayoría de los cambios tecnológicos confluyen en un castigo al ciudadano, ya sea porque se les remite a internet con programas y aplicaciones muy mejorables, o se les enfrenta a una desesperante atención telefónica. En el mundo de los bancos ha surgido un audaz que está mejorando la cuestión. Pero necesitaríamos más, en lo concerniente al cambio de compañía, al manejo de transacciones, al acceso a la Agencia Tributaria, a la revisión de lo que sea, al lío de los pins, al baboseo de las citas previas. La sustitución de la ventanilla por internet ha resultado calamitosa. ¡Qué horror, añoramos las ventanillas, Larra despierta! Y es que una vez más ha quedado claro que el mal consiste en que protestamos poco y tragamos mucho. La Administración, progresivamente reforzada, no se presta al diálogo, por el contrario, es un muro. Y nosotros, una vez más, a tragar.