Sesenta y tres millones y medio más los intereses. Un total de noventa y un millones y medio de euros. Ese es el montante de la indemnización que deberá pagar el Gobierno balear a Matthias Kühn tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por la descalificación como urbanizable de Muleta II en el Puerto de Sóller. En el horizonte, todo lo que queda por resolver de las demandas de la Plataforma de Afectados por la ley 4/2008 «para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears», cuyas indemnizaciones, a estas alturas, se cuentan también por decenas de millones de euros y sobre todo, la sombra de la arbitrariedad sobre alguna de las desclasificaciones de suelo urbano a rústico, que se hicieron en el momento y que son, la garantía de que muchas de esas demandas llegarán a buen puerto.
La consejera de Presidencia, la socialista Mercedes Garrido, dice que seguirán adelante con el proceso judicial. Previsiblemente, cuando la última de las vías se agote, las cifras serán inasumibles para el Gobierno al que le toque pagar, y cuando digo Gobierno, me refiero, a usted y a mí. Y no porque hayamos participado en la cadena de decisiones por las que se llega a estas indemnizaciones millonarias, sino porque según la doctrina de la socialista Carmen Calvo, a la que sus correligionarios de aquí y de allí son tan afectos, «el dinero público no es de nadie», salvo por el hecho de que, en realidad, ese ente difuso al que definen como ‘nadie’ acabamos siendo nosotros.
Mientras tanto, lo que ahora mismo no hay más remedio que pagar implicará, según el mismo ejecutivo, verse obligado a «endeudarse o aplicar recortes» y aunque usted y yo deberemos hacernos cargo de esa deuda por la vía impositiva, nuestra opinión acerca de qué sectores deben sufrir esos recortes y cuáles no, tampoco contará absolutamente para nada. Y eso que muy probablemente, la mayoría de nosotros coincidiríamos al menos en un punto: la rebaja sustancial del gasto político o, lo que es lo mismo, dejar de pagar los favores de unos y otros en forma de sueldos, por puestos de trabajo totalmente innecesarios.
¿Qué ocurriría si quienes elaboran o aprueban leyes sabiendo que contienen arbitrariedades que pueden ser recurridas, tuviesen que pagar de su bolsillo esas indemnizaciones? ¿Qué pasaría si existiese la responsabilidad patrimonial para quienes las ejecutan o para los que toman la decisión de agotar las vías judiciales aun a sabiendas que van a perder y que la cantidad a pagar será muchísimo mayor que si no hubiesen recurrido?
Probablemente se lo pensarían dos veces. En unos casos escucharían la opinión de los técnicos que les aconsejan hacer lo contrario de los que les gustaría. En otros, desconfiarían de los que les dan la razón sin más y desde luego, cuando la Justicia no les diera la razón, actuarían como lo hacemos cualquiera de nosotros cuando se trata de nuestro dinero: sólo recurrirían si de verdad tienen garantías de ganar y si pueden pagar las consecuencias de perder.
Hablando de la sentencia del TSJIB, la portavoz del Gobierno habló de las bondades del modelo «progresista y de izquierdas» aplicado al territorio. Nada que decir. Cualquier gobierno que salga de las urnas tiene derecho a plantear su propio modelo. Aunque mucho mejor si se consensúa previamente y no nos abocan a constantes cambios de criterio y a la permanente inseguridad jurídica. Pero en cualquier caso, se decida lo que se decida, que se haga pensando siempre que el dinero público es de todos.
5 comentarios
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Esto debería ser segunda noticia del día.
Lo lógico, como sucede en cualquier empresa es el despido inmediato y a todos los implicados inhabilitación de por vida, ya que han demostrado ser incompetentes en su trabajo, eso, sin quitar sanciones administrativas, pero como los que hacen las leyes son ellos, entre bomberos no se pisan las mangueras.
Yo voy más allá, creo que el funcionario que recalifico los terrenos ya había visto que se estaba construyendo algo que no obtuvo comisión por ser del gobierno anterior y extorciono al promotor con recalificar los terrenos. El promotor se negó, el funcionario los recalifico y el promotor sólo tuvo que esperar. Así juegan los políticos y funcionarios con el dinero de nuestros impuestos. Porque no sale en que gobierno fue y quien firmó ó aprobó la recalificacion. Detalles que no aparecen.
Pues está claro, nosotros lo pegaremos por culpa de unos incompetentes que, por desgracia nuestra, nos gobiernan.
Esa pregunta, en España, sobra. Aquí siempre pagamos los mismos, usted, yo y todos los demás españolitos.