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Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a The Guardian en las que afirmó que España exporta carne de mala calidad, procedente de animales maltratados, tenían que haber sido rechazadas y rectificadas con contundencia, más allá de calificarlas de ‘desafortunadas’. El Gobierno de Pedro Sánchez tenía que haber cesado este integrante de su gabinete por los ataques a la industria cárnica y la ganadería. Y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, competente en la materia, con los datos difundidos por su propio departamento, tenía la obligación moral y la responsabilidad política de desmentir estas declaraciones del ministro de Consumo con una campaña, nacional e internacional, para defender y apoyar con firmeza al sector ganadero y la industria cárnica de España.

El Informe Anual de la Industria Alimentaria Española (2020-2021), publicado por el Ministerio de Agricultura, recoge que la industria cárnica es la tercera, con un total de 3.641 empresas que representan al 11,9 por ciento de las que integran la industria alimentaria española. En el 67 por ciento de estas empresas la plantilla laboral no supera los diez trabajadores, en porcentajes similares a los que presentan las empresas de Balears, y el 92,7 por ciento no llega a los cincuenta empleados. Durante el 2020 aportó casi 9.000 millones de euros en exportaciones a la balanza comercial de España y ayudó a reducir el déficit comercial. La actividad de esta industria se basa, de manera predominante, en pequeñas explotaciones ganaderas de carácter familiar que ayudan a crear puestos de trabajo y generar riqueza, y a mantener la población en el campo. Balears cuenta, además, con una importante ganadería de leche y queso que desempeña un papel relevante para la conservación del paisaje rural y los ecosistemas, gracias al trabajo y el esfuerzo realizado durante generaciones por nuestros payeses y ganaderos.

No es la primera vez que el ministro Garzón descalifica a una de las industrias alimentarias más importante de España y desprestigia a un sector que hace años se esfuerza para adaptarse a los nuevos estándares de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y calidad alimentaria, da trabajo a miles de personas y constituye una actividad fundamental para evitar el desploblamiento del campo.
Las declaraciones del ministro Garzón también perjudican a la industria cárnica y al sector ganadero de Balears y acentúan la grave crisis que padecen por el aumento del precio de las materias, productos (piensos, abonos, alimentación, plásticos, etc.) y energía; y por los sobrecostes de insularidad que hoy no son compensados ni por el Régimen Especial (REB) ni por la PAC, porque la nueva Política Agraria Comunitaria no entrará en vigor hasta el 2023.

Esta crisis provoca el cierre de explotaciones y la eliminación de cabezas de ganado en Balears, lo que incide negativamente sobre la industria cárnica de las Islas. El sector ganadero y la industria cárnica de Balears no sobrevivirán sólo con declaraciones institucionales de apoyo, necesitan medidas, recursos e instrumentos que ya no se pueden demorar y que es preciso agilizar.