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Las tergiversaciones son frecuentes en política. Las mentiras, también. Todo parece valer para engordar argumentos que ataquen al contrario. Recientemente, el PP de Balears ha lanzado en redes sociales y en sede parlamentaria una idea que pone en mi boca, una arma para arrojar a los oponentes: a partir de unas declaraciones mías, hechas el 6 de mayo de 2011 en un diario local, se me imputa que defendí despidos masivos. Pero el titular era explícito: ‘Balears tendrá que amortizar 700 empleos públicos al año’. En ningún momento de esa entrevista se dijo ni se insinuó que se debieran despedir médicos y profesores. En ningún momento. El sentido era otro: «habrá plazas dotadas pero no cubiertas que no vamos a convocar». Este era uno de los mensajes. Otro: «no podemos tener 170 empresas [públicas] deficitarias (…) y no atajar el problema». Y remataba: «un Govern de Antich no va a cerrar hospitales». Deducir de todo esto, y de otros argumentos que dije, que se avalaban despidos masivos en sectores esenciales, como la sanidad o la educación, constituye una clara y torticera manipulación de mis palabras. Han pasado diez años y el mantra sigue. Se pretende justificar lo que vino después con el gobierno de Bauzá: el despido –ahora sí– de personal sanitario y docente. Más de 2.000, en total. Nada de amortización de plazas: a la calle directamente. Y respuesta social inequívoca.

No es la primera vez que voceros del PP me adjudican acciones que no figuran en mi bagaje político, mal que les pese. También se ha dicho –y se persiste, a pesar de mis desmentidos ad nauseam, con profusión de datos, tanto en sede parlamentaria, como en artículos– que mi paso por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación motivó la quiebra de la comunidad autónoma. Otra falsedad más sobre la que, incluso, hablé en privado con Antoni Costa, un economista al que respeto y valoro; él no me contradijo.

En la administración pública, cuando en la Gran Recesión los ingresos caían en Balears del orden de mil millones de euros –según Intervención General del Estado– y los grifos del crédito estaban secos, junto a subidas de tipos de interés del BCE y pocas ayudas del Gobierno central –un aspecto que también subrayé–, el responsable de las finanzas debe buscar herramientas para controlar el gasto. Una de ellas es, precisamente, la amortización de plazas. Pero, en mi caso, no el despido: viniendo de esa dramática contracción de ingresos, ni cerramos centros de salud ni educativos. El PP sí planteó clausurar el Hospital General y el Juan March. Recordémoslo: el PP sí despidió fuerza laboral, en las consellerias de Salud y Educación y en empresas públicas, decisiones que fueron condenadas por la justicia, y ‘multadas’ con 12,7 millones €. Una pésima gestión.

Es importante que los políticos no viertan infundios en el Parlament. Yo cometí errores –quién no lo hace–; pero nunca mentí desde la tribuna, ni en comisiones de trabajo, ni en entrevistas. Si el PP no tiene argumentos ajustados a la realidad, sería clave que los buscara, sin recurrir a mi nombre. Y sin introducir narrativas calumniosas que descansan en la tergiversación. O peor aún: en la mentira.