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El Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) de 23 de abril pasado publica la Ley Orgánica 5/2021 de 22 anterior, de derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código penal, que despenaliza los piquetes ‘informativos’ que coaccionen durante una huelga. El legislador considera que para sancionar estas conductas basta el delito general de coacciones. Pero no es al contenido de la norma a lo que quiero referirme. Lo que quiero considerar es el hecho, inédito hasta ahora; sin precedentes en democracia, de mitinear a través del BOE, en el preámbulo de las disposiciones que se publican, arremetiendo, en el caso referido, contra quien promulgó la norma que se deroga (el PP) con críticas sectarias; inadecuadas por el lugar en el que se publican y por el estilo mitinero utilizado. El texto publicado se despacha diciendo que: «Desde la llegada al gobierno del Partido Popular en 2012 se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades etc. (…)» (Les remito a que lo lean íntegro en el BOE indicado, pues su transcripción ocuparía el espacio de dos artículos). Discurso que podría tener sentido en sede parlamentaria, pero que carece del mismo como texto de acompañamiento, como preámbulo o exposición de motivos, de una ley. Siendo preocupante que el legislador se inicie en una práctica que, si se toma por costumbre, el BOE se transformará en un libelo. En las democracias no existen precedentes de tal práctica. Los cuales deben buscarse en el proceder de regímenes como el de la Alemania nacionalsocialista, el franquismo o actualmente, la Venezuela de Maduro. Debería dales vergüenza a los legisladores iniciar un camino solo transitado por algunos regímenes no democráticos, que han usado ese cauce para desacreditar con sus ataques dialécticos a la oposición, que se mantiene amordazada, sin poder plasmar su réplica. El Gobierno Sánchez, sea por propia iniciativa sea por influencia de los comunistas y demás tropa que ha colocado en su gobierno, cada vez acusa más tics antidemocráticos. No en vano en democracia se exigen dos legitimidades concurrentes; la de título, que es la que otorga el haber sido elegido por el procedimiento constitucionalmente predeterminado; y la de ejercicio, más imprecisa, que exige un proceder justo en el día a día, en el que no encajan actitudes como la comentada. Esta segunda legitimidad está, sin duda, flaqueándole estrepitosamente al presidente Sánchez. Son innumerables los casos. El aquí comentado no es sino un simple botón de muestra.