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Recuerdan el ‘caso Ofisillas’ que les conté hace un par de semanas? Les hago un resumen. Compré una silla de despacho por internet a una empresa del País Vasco. El artículo se anunciaba como de excelente calidad y por un importe de 266 euros.

La silla era una mierda. En cualquier tienda no valdría ni 100 euros. Aunque la anunciaban «uso 8 horas», el acolchado era pésimo, los apoyabrazos estaban torcidos y se movían y toda ella hacía unos ruidos insoportables. Intenté devolverla y ahí empezó Kafka: había que desmontarla, sacar el pistón de gas con «aceite penetrante» (sic) y un martillo de goma (ambos no necesarios para montarla) y enviarla en la caja original, que yo ya no tenía, lo cual penalizaba 20 euros, más 40 de envío.

Después de muchos correos, todos llenos de impedimentos a la devolución y advertencias de recargos, pasaron del mazo de goma a centrarse en la caja. Al final, como no envié dicho embalaje original, sino uno muy parecido (y el mismo peso, claro), decidieron alegremente que no me descontarían 20 euros, sino 78.

Toma y toma. Entre una cosa y otra alguien, entre transportistas y fabricante, ha ganado 100 euros, los mismos que yo he perdido, pero yo no tengo silla. Puse el caso en conocimiento de la Direcció General de Consum del Govern balear, que rápidamente contactó conmigo y prometió luchar por la reclamación. Bien. Confío en ellos.

Internet favorece la picaresca y la indefensión del consumidor. El modelo de negocio de algunos consiste en vender baja calidad y boicotear la devolución. No deja de ser un pequeño ejemplo del llamado «capitalismo por desposesión», muy en boga, del que les hablaré otro día. Eso sí, lo famosos que se están haciendo en Balears no lo saben ellos.

Durante mucho tiempo se analizó y protegió –mejor o peor– la faceta del individuo como productor; se abrió paso con el tiempo el contemplar la otra cara de la moneda: el ciudadano como consumidor y su defensa, y se supone que ahí coinciden derechas e izquierdas. Queda aún mucho por recorrer, pero la existencia de un Ministerio de Consumo y de las correspondientes direcciones generales autonómicas marca el camino correcto.

También se necesita conciencia ciudadana y que el reclamante no desista. No es sólo una cuestión personal, es un derecho cívico. De lo contrario, te acaban imponiendo el «aceite penetrante».