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La irrupción en el mercado de varias decenas de miles de plazas de alojamiento turístico en forma de viviendas particulares es uno de los escándalos más reveladores del espíritu fenicio de Baleares: aquello que hace nada era anatema –ya me entienden, más turistas equivalía a más consumo de territorio, agua, energía, más coches, más carreteras; en definitiva a más cemento– quedó en nada cuando los beneficiarios pasamos a ser todos, nuestros padres, nuestros hermanos, la familia de toda la vida. El medio ambiente puede soportar otro medio millón de guiris si eso va a nuestras carteras. Hay municipios de Mallorca en los que la gran mayoría de las casas se destinan hoy a alquiler vacacional, desnaturalizando totalmente la vida local, sin que ningún político abra la boca.

Como no hay nada más popular electoralmente que alquilar las casas a los turistas, el Gobierno central pasó la patata caliente de la legislación a las autonomías y éstas a los ayuntamientos que, en general, hicieron la vista gorda. Con los votos no se juega. En Palma fue otra cosa porque es una ciudad de nouvinguts, sin patrimonio inmobiliario, por lo que se prohibió el alquiler de los pisos, aduciendo que los turistas despiertan a los vecinos.

Así estábamos cuando en este circo irrumpió la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares con una sentencia humorística. Ante el recurso contra la norma del Ayuntamiento de Palma, sólo cabía decir si era legal o ilegal. O sea decidir si el Ayuntamiento era o no competente para decidir sobre un asunto así que probablemente afecte algunas normas superiores como la unidad de mercado, entre otras. Pero no, ya que todo el edificio jurídico en torno a la vivienda vacacional es surrealista, la sentencia añade más confusión al decir al mismo tiempo que vulnera directivas europeas y legislación estatal y añadir que es desproporcionada e innecesaria. Si es una medida contraria a las normas europeas y estatales, ¿qué más da que sea innecesaria o desproporcionada? ¿O es que si fuera proporcionada ya podríamos dejar de lado su ilegalidad? La confusión se agranda al decir que el Ayuntamiento «se ha ajustado a las reglas competenciales», al tiempo que anula la regulación por no razonable.

A estos disparates sólo se puede contestar con un recurso ante una instancia superior que ponga coherencia en tal sarta de desvarío. A ver si en la tómbola nos toca un juez serio que dicte una sentencia sensata.

Pero ahí no acaba el despropósito. Aún es peor la reacción surrealista de esa izquierda amorfa que nos gobierna y que clama por que la decisión judicial no puede ir contra la voluntad popular emanada de las urnas. La sentencia, ciertamente disparatada, nos permite descubrir algo bastante más peligroso: que tenemos políticos que ignoran el Estado de derecho, que van tan anchos sin respetar nada. El propio alcalde de Palma dijo que su norma no decaerá, diga lo que diga el tribunal.

Los ciudadanos votamos a políticos que tienen poder para dictar leyes a las que se tienen que someter todas las instancias sociales. Las leyes que atan al Ayuntamiento son nuestras, aprobadas por nuestros parlamentarios, que también salen de las urnas. Que nuestro Consistorio sea elegido democráticamente no le da poderes ilimitados para decidir lo que quiera y menos en contra de instancias superiores. Cort no está más allá del alcance de las leyes y menos gobernado por personajes de segunda. Defender lo contrario no es ser avanzado, sino retrógrado: el marco legal nos da garantías, nos ofrece seguridad. Los disparates que podamos hacer con las viviendas turísticas son una minucia comparado con lo que nos ocurriría si todos los que ganan elecciones se pudieran arrogar la reformulación de la ley a su gusto, empezando por el Código Penal.

Recorran Twitter y verán con qué ligereza mandamases de la izquierda de Baleares defienden lo mismo que los dictadorzuelos de países africanos. Neus Truyol, la concejal que convivió en silencio con la corrupción histórica de Emaya, llegó a decir que los tribunales «ponen en duda» el trabajo de Palma para «defender el interés general», dado que la norma tiene «como objetivo amparar el derecho a la vivienda y evitar la turistificación de la ciudad». Ella se interpreta y ella sentencia. Observen que, según esta visión, toda norma que intente frenar la presencia masiva de turistas sería legítima y no debería ser cuestionada. ¿En qué situación jurídica quedan los municipios en los que –incluso con el voto de los concejales de Més– han optado por dejar que todas sus viviendas se puedan alquilar a los turistas?